La delegada instructora del Tribunal de Cuentas reclamó a los ex cargos del Govern una fianza de 5,4 millones de euros por hacer un mal uso de los fondos públicos, una cantidad de dinero que aún no ha sido depositada.
Ante ello, la delegada de Cuentas ha decidido ampliar el plazo a dos días para que 29 de estos miembros puedan justificar que aportan la cantidad de dinero que se les reclama con cargo al fondo afianzado por el Instituto Catalán de Finanzas (CFI) puesto en marcha por la Generalitat.
Dos días más de plazo
Sin embargo, esto no significa que la instructora de este caso admita esto como forma de pago, ya que es algo que deberá estudiarse. De momento, se encuentran estudiando las fianzas e inmuebles que han depositado 4 ex miembros del Govern, que no han utilizado la baza de la Generalitat, y que también están acusados el presunto uso irregular de fondos públicos para las denominadas 'embajadas catalanas'.
A pesar de que a las 00.00 horas de este jueves 22 de julio concluyó plazo dado para los 34 afectados por este expediente, la delegada de Cuentas ha decidido alargar su plazo dos días más, por lo que la cantidad de 5,4 millones de euros deberá estar deposita el próximo 24 de julio a las 00:00 horas.
Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, que según el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, será afianzado con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que "se dirimirá cuando proceda".
Este miércoles 21 de julio se conoció que la Junta de Govern del Institut Català de Finances (ICF) aprobó cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017.
Sin embargo, algunas fuentes de la defensa de los ex cargos afectados, han confirmado a que los avales acogidos a este fondo aún no han llegado al Tribunal de Cuentas. Algo que esperan que suceda en las próximas horas, ya que varios de los afectados se acogerán al mismo.
La Generalitat podría avalar a los ex cargos del Govern
En este punto, la delegada instructora tendrá que estudiar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables.
Dos presuntos responsables han depositado las fianzas y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval, añaden, sin especificar de que ex altos cargos se trata. Entre los 34 afectados por este expediente se encuentran los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras.
Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha aclarado que cuando el delegado instructor dicta una providencia de embargo, ello no significa que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, no admita fianza o depósitos. Esto quiere decir que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar finalmente el embargo a los afectados por el expediente.
Añade que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.
Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.
¿Cuánto dinero tiene que aportar cada uno?
Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.
