Prosigue la polémica tras el presunto uso de una miembro de Podemos, contratada en el Ministerio de Igualdad con dinero público, y que habría hecho tareas propias de asistenta y niñera para el matrimonio de Pablo Iglesias e Irene Montero, ambos entonces vicepresidente del Gobierno de España, y ministra de Igualdad. El Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid ha ordenado incoar diligencias previas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. La acusan, presuntamente, de haber usado a una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, como niñera de sus hijos. De momento, solo ha citado como investigada a la colaboradora, ya que la ministra es aforada ante el Tribunal Supremo.
El juez José María Escribano ha acordado incoar diligencias previas contra Irene Montero y contra Arévalo por un presunto delito de administración desleal, y "practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y las circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado", según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, ha citado a Arévalo para que el próximo 14 de julio declare en calidad de investigada, requiriendo su historial penal. Como testigos, ha llamando para el día 19 de ese mismo mes a la gerente, al tesorero y al responsable de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val, Daniel de Frutos y Víctor Martins, respectivamente.
Además, ha pedido a la Policía Judicial que localice "a la mayor brevedad" los domicilios de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona y de otra antigua empleada de la formación política, Elena González, para que también puedan ser citadas como testigos.
Podemos dice que no hay caso
Fuentes de la organización 'morada' sostienen que se trata de "otra causa basada en falsedades, que quedará archivada pero que sirve para generar titulares contra Unidas Podemos a tres días de votar" en las elecciones a la Comunidad de Madrid.
El caso de Neurona y los 363.000 euros pagados a una consultora política
Se acumulan los casos de presunta corrupción de Unidas Podemos, como el que parte de los nuevos hechos que Carmona expuso ante el juez de 'Neurona', donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos con la lupa puesta en un contratos por 363.000 euros con la consultora política que da nombre a la causa para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
La ex jefa de 'compliance', en un escrito enviado al juez Juan José Escalonilla, contó que Montero habría usado a Arévalo, entonces empleada del partido y estrecha colaboradora suya que ahora ejerce de asesora en Igualdad, como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.
Carmona detalló que Arévalo acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que Montero dejó a la niña al cuidado de su colaboradora mientras intervenía en el mismo.
La denuncia ya está en el Tribunal Supremo
Escalonilla desgajó de 'Neurona' el llamado caso 'niñera' y los otros hechos señalados por Carmona. En el Juzgado de Instrucción 45 ha recaído el relativo al presunto cobro de las costas procesales por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un caso en el que los honorarios de la abogada, Marta Flor, y de la procuradora, Isabel Afonso, habrían corrido a cargo del partido. Un total de 7.730 euros.
El tercer procedimiento desmembrado de 'Neurona', que se ha adjudicado al Juzgado de Instrucción 1, se refiere a una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación 25-M, y a las donaciones realizadas por el partido a dicha fundación, de la que es director el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
Por otro lado, Manos Limpias presentó una denuncia por el caso 'niñera' donde apunta a Montero como autora de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa y a Arévalo como cooperadora necesaria. La Fiscalía Anticorrupción ha dado traslado de la misma a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
