El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves 25 de marzo la Ley de la Eutanasia y su entrada en vigor en tres meses desde su publicación. Tras ser ratificada la pasada semana en el Congreso, la nueva Ley "pretende dar una respuesta "jurídica, sistemática, equilibrada y garantista". En concreto, a una "demanda sostenida" de la sociedad actual.
La normativa, que será una realidad el próximo 25 de junio, consta de cinco capítulos y siete disposiciones adicionales. Entre ellas, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Así, establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Este paciente deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento. El certificado debe acreditar un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Por su parte, el paciente tiene que tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
El proceso de la solicitud de la Ley de eutanasia
Sobre el proceso, la ley indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito. En el caso de que no pueda escribir, por otro medio que deje constancia. Lo debe hacer en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es "resultado de ninguna presión externa".
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables. También sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.
Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso. Sin embargo, antes tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente". Sin que este sea de su "mismo equipo del médico".
Asimismo, la comisión de evaluación autonómica, cuya formación está especificada también en la norma, deberá elegir a dos expertos. Los dos profesionales evaluarán el caso y uno de ellos deberá ser jurista.
Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia". Un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".
Un derecho que atiende a la Constitución de España
La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas. Así son recogidos en la Constitución española. "Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral". Por otro lado, "bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad", señala la Ley.
La eutanasia significa etimológicamente 'buena muerte' y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona. Siempre que sea producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento.
Además, entiende que se abre un debate sobre la eutanasia, tanto desde el punto de vista de la bioética como del Derecho. Este ha tenido lugar en España y en los países del entorno durante las últimas décadas. No sólo en los ámbitos académicos sino también en la sociedad. El mismo debate se aviva periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión pública.
De esta forma, recuerda además que en la doctrinas bioética y penalista existe hoy un amplio acuerdo en limitar el empleo del término 'eutanasia'. En concreto, a aquella actividad que se produce de manera activa y directa.
De manera que las actuaciones por omisión que se designaban como eutanasia pasiva o las que pudieran considerarse como eutanasia activa indirecta se han excluido del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia.
La eutanasia pasiva consiste en la no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la interrupción de los ya instaurados conforme a la lex artis. Por su parte, la eutanasia activa indirecta trata sobre la utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente, cuidados paliativos.
Las causas más extendidas del debate sobre la eutanasia
Un debate en el que confluyen diferentes causas. Entre ellas, la creciente prolongación de la esperanza de vida con el consiguiente retraso en la edad de morir. Muchas veces esto es acompañado por un importante deterioro físico y psíquico.
También está el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida. Así como la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas; o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario, entre otros factores.
"Y es, precisamente, obligación del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, preservando y respetando sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan y organizan nuestra convivencia", advierte el BOE.
Por tanto, "hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos". Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica en este ámbito.
