La Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, en el disparadero: "Desprotege frente a la ocupación ilegal"

El PP-A ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que se reclama que el Gobierno derogue la nueva Ley estatal del Derecho a la Vivienda, por "los efectos negativos" que ha tenido en la oferta del mercado del alquiler y el aumento de los precios, por la "desprotección" que genera frente a situaciones de ocupación ilegal y por "invadir competencias autonómicas".

En la iniciativa, también se insta a la Junta a elaborar una nueva Ley de Vivienda Andaluza de manera consensuada con todos los agentes implicados del sector inmobiliario, sin "carácter intervencionista y que tenga entre sus fines principales la mejora del acceso a la vivienda de todos los andaluces".

Otra demanda consiste en que todas las administraciones públicas estudien llevar a cabo una reducción de la fiscalidad en la compra de vivienda nueva y de segunda mano, con destino a vivienda habitual o alquiler de larga duración, evitando especialmente la discriminación de edad y planteando además mejoras reales y efectivas para las familias numerosas.

Protocolo nacional contra la ocupación

Se aboga además por un "protocolo nacional contra la ocupación de viviendas para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el registro de la propiedad y la administración de justicia cuenten con herramientas legales para proteger a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas, estableciendo los supuestos de vulnerabilidad en relación a la ocupación y medidas compensatorias transitorias a los propietarios, así como herramientas procedimentales expresas y efectivas para el lanzamiento rápido de los ocupantes".

El PP-A también reclama que se articule un mecanismo de colaboración para aumentar el parque de vivienda social en España, mediante la actuación conjunta de todas las administraciones, y garantizar la ejecución de los fondos Next Generation para la promoción de vivienda a precio asequible en alquiler hasta elevar a la media europea los porcentajes de dicho tipo de vivienda social.

Asimismo, se pide que la comunidad autónoma pueda establecer y flexibilizar los requisitos y procedimientos de concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual conforme a la legislación vigente. Otra demanda es que el Gobierno de la nación destine más recursos a la política de vivienda para paliar la falta de oferta de vivienda a precio asequible, destinados a la construcción de viviendas, rehabilitación de existentes o prestaciones compensatorias para las familias.