El Tribunal Constitucional (TC) ha dado en estas semanas los últimos golpes judiciales al Gobierno, al declarar inconstitucionales las restricciones a la circulación impuestas durante el primer estado de alarma por la pandemia de Coronavirus y el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta del Consejo de Adminstración de RTVE, engrosando así una lista que suma ya más de una docena de reveses al Ejecutivo desde los tribunales en la primera mitad del año.
El Pleno del TC, aunque dividido con una mayoría de seis magistrados contra cinco, ha declarado inconstitucionales algunos puntos del decreto-ley por el que se declaró el primer estado de alarma, entre ellos las restricciones a la circulación de personas y vehículos en vías públicas. A su juicio, los derechos se limitaron con una "altísima intensidad" que debería haberse encuadrado un estado de excepción, el cual ven justificado por la grave afectación que hubo del "orden público".
Medidas contra el Coronavirus
En junio, la Audiencia Nacional suspendió las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y eventos extraordinarios aprobadas por el Ministerio de Sanidad, accediendo así a las medidas cautelarísimas planteadas por la Comunidad de Madrid.
La resolución se añadió a la respuesta dada a recursos de Canarias y Baleares, donde el Tribunal Supremo manifestó que hubiera sido "deseable" una ley 'ad hoc' para combatir el coronavirus a fin de "ofrecer la máxima seguridad jurídica", al tiempo que asentó la doctrina de que, a mayor severidad de las restricciones, mayor ha de ser la justificación para imponerlas.
CNI e indultos
Por otro lado, el TC anuló la disposición con la que Moncloa "blindó" la presencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.
Los magistrados adujeron que en este caso tampoco concurría el presupuesto inexcusable --la extraordinaria urgencia y necesidad-- que habilita al Ejecutivo para usar el decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia.
Los jueces también dieron la voz de alarma de cara a la decisión del Gabinete de Pedro Sánchez de indultar al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros condenados por el proceso independentista en Cataluña, un perdón que finalmente llegó el pasado 22 de junio.
Libertad sexual
Una de las fuentes de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha residenciado en el CGPJ, que en mayo aprobó su informe al Anteproyecto de ley de Memoria democrática, un texto que se muestra muy crítico con algunos aspectos de la llamada 'Ley Calvo' al estimar que vulnera la libertad de expresión.
El punto más duro es el que se refiere a las causas de extinción de fundaciones, dado que los vocales sostienen que "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".
Ya en febrero, el Pleno del CGPJ vapuleó otra ley emanada del Gobierno, la ley de Libertad Sexual o del 'solo sí es sí', al aprobar por unanimidad un texto que cuestiona algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
Reforma de CGPJ
Uno de los asuntos relacionados con la Justicia que más quebraderos ha dado al Ejecutivo en los últimos meses ha sido la reforma del CGPJ, que se intentó a través de dos iniciativas parlamentarias de PSOE y Unidas Podemos, aunque solo cristalizó la que limita las competencias del órgano cuando está en funciones, ya que los socios de coalición tuvieron que retirar la que apuntaba a un cambio de las mayorías por las que se elige a los vocales ante la presión de Europa.
