El Gobierno de coalición de Unidas Podemos ha aprobado prorrogar el 'escudo social' hasta el próximo 31 de octubre de 2021, tras un plan "conjunto y coordinado" entre todos los ministerios implicados del Gobierno central en la puesta en marcha de estas medidas de protección a la ciudadanía.
Han sido las propias fuentes gubernamentales las que han explicado a El Mira que el Consejo de Ministros aceptará el próximo martes 3 de agosto las condiciones que contiene el Real-Decreto-ley 8/2021 que iban a expirar el 9 de agosto.
De este modo, entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que preside Ione Belarra, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, han llegado a la conclusión de que el consenso es prorrogar dicho decreto.
Las medidas que conlleva el 'escudo social'
Una de las medidas que se contemplan es la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
Por otro lado, también se encuentra la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos, las medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Unidas Podemos ha sumado la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como las medidas urgentes dentro de este ámbito. Además de la flexibilización temporal del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia y las medidas especiales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Otras de las medidas aprobadas para su prórroga son la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para la gestión de la situación de crisis sanitaria.
Fue hace poco cuando Ione Belarra planteó mediante una carta a diferentes ministerio proceder con "urgencia" a la prórroga de estas medidas, dado que la pandemia de Covid-19 y sus efectos socioeconómicos aún no han desaparecido.
En concreto, dicha sugerencia fue dedicada a los departamentos de Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Sanidad, Transición Ecológica, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Podemos pretendía un 'escudo social' hasta final de año
Desde Unidas Podemos habían planteado que el 'escudo social' se prolongara hasta final de año, al considerar que era "indispensable" mantener estas medidas para así "garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos".
Sobre todo porque "siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia", exponían fuentes de esta formación.
La ministra de Derechos Sociales explicó en esa misiva que se estaba produciendo un incremento de los índices acumulados de incidencia y contagio del Covid-19, por lo que la pandemia "está lejos de desaparecer".
"Esta situación sin duda va a afectar muy negativamente a la campaña de turismo de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos", relataba la política de la formación morada.
Lo que ya se aprobó en mayo de 2021
El pasado mayo, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 9 de agosto de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública.
Asimismo, se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.
Por su parte, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del 'Plan de Vivienda' para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.
El mencionado decreto anti-desahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
