La muerte de Tejero, uno de los protagonistas de aquel intento de golpe de estado invita, más que a reabrir heridas, a renovar un compromiso. La democracia no muere únicamente por la fuerza de las armas; también pueden erosionarse por la normalización del desprecio y la deslegitimación constante de nuestra "clase" política.
Recordar el pasado no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas, sino una forma de vigilancia cívica.
Porque si algo enseñó aquel 23F es que la democracia no es el resultado de una convicción individual, sino de un pacto colectivo. Y ese pacto exige, ante todo, aceptar que nadie, por sincero que sea su fervor, está por encima de las reglas que nos hemos dado entre todos los españoles.
Aquel día nuestro país puso a prueba la solidez de nuestra joven democracia. Para quienes protagonizaron el intento de golpe, su actuación respondía, según sostuvieron y recoge los documentos desclasificados, a un mandato interior, a una convicción patriótica que situaban por encima de las reglas institucionales, su amor por la patria. Para gran mayoría de los ciudadanos, en cambio, fue una quiebra intolerable del orden constitucional y de la voluntad popular.
Esa tensión entre convicción, "amor" y legalidad atraviesa nuestra historia política y social contemporánea. Los golpistas del 23F no se percibían a sí mismos como villanos, sino como salvadores. Actuaban, decían, “por España”. Sin embargo, la democracia no se sostiene sobre impulsos individuales ni sobre certezas morales subjetivas, sino sobre normas compartidas, procedimientos y límites claros al poder.
Más de cuarenta años después, el contexto es radicalmente distinto, pero la lógica de fondo merece una profunda reflexión. En la España actual, partidos situados en los extremos del arco ideológico apelan con frecuencia a emociones primarias: miedo, agravio, indignación, destrucción de los pilares de la nación. Sus discursos, en ocasiones, rozan el odio o cuestionan la legitimidad del adversario político. Y lo hacen, también, convencidos de que representan la verdadera voluntad del pueblo o la defensa más auténtica de la nación.
La democracia, sin embargo, no es un campo de batalla moral donde cada cual impone su verdad en nombre de una causa superior. Es un sistema de convivencia que exige aceptar la pluralidad, reconocer la legitimidad del discrepante y someter las aspiraciones propias a las reglas del juego, el respeto a la pluralidad y la decisión de la ciudadanía en las urnas es el pilar más esencial de nuestra democracia.
Cuando el adversario pasa a ser enemigo, cuando la discrepancia se convierte en traición, el terreno se vuelve resbaladizo.
No se trata de establecer equivalencias simplistas entre un golpe militar y la retórica crispada de nuestra sociedad actual que han recuperado colores del pasado, rojos y azules. Las diferencias son evidentes y fundamentales. Pero sí conviene recordar una lección: la convicción íntima, por intensa que sea, no legitima la ruptura de las normas democráticas. El amor a la patria no puede erigirse en coartada para debilitar las instituciones que la sostienen.
El 23F terminó fracasando, en buena medida, porque aquella sociedad española y sus principales actores políticos defendieron el marco constitucional. Aquella reacción colectiva consolidó la democracia. Hoy, la fortaleza del sistema no depende de gestos heroicos, sino de algo más cotidiano y quizá más difícil en una clase política vividora del impacto del discurso y no de la bondades de sus proyectos, la moderación del lenguaje, el respeto a las reglas y la renuncia a la tentación de imponer, en nombre de una supuesta verdad superior, lo que solo puede decidirse mediante el debate y el voto.