En los últimos años se ha generalizado la caracterización de nuestro tiempo como la era de la desinformación. Como experto analista y siguiendo la labor pedagógica de la asociación de politólogos de Andalucía, de la cual formo parte de su junta directiva, sostengo que vivimos en un contexto en el que distintos centros de poderes políticos, económicos y tecnológicos, influyen de manera directa en la formación de la opinión pública y, en consecuencia, en los procesos electorales de las democracias occidentales. Sin embargo, un análisis más detenido de los mecanismos que operan en este fenómeno me conduce a conclusiones menos evidentes y, en cierto modo, inquietantes.
Uno de los rasgos distintivos del ecosistema informativo actual es la coexistencia de narrativas radicalmente opuestas sobre un mismo fenómeno, todas ellas avaladas, al menos formalmente, por expertos, académicos o analistas. No se trata únicamente de interpretaciones subjetivas o ideológicas, sino de la posibilidad de que cuestiones aparentemente objetivas sean presentadas como verdades incompatibles entre sí. El debate en torno al cambio climático constituye un ejemplo paradigmático, frente a una amplia corriente científica que alerta sobre la urgencia de actuar, persisten discursos que niegan la existencia de este fenómeno o lo explican como parte de ciclos naturales recurrentes.
Esta dinámica no es excepcional. Por el contrario, se reproduce de manera sistemática en múltiples ámbitos, desde la economía hasta la geopolítica o la gestión de crisis sanitarias. El resultado es un entorno caracterizado por la incertidumbre informativa, en el que al ciudadano le resulta cada vez más difícil distinguir entre conocimiento contrastado, interpretación interesada y desinformación deliberada.
Las teorías de la conspiración han existido históricamente como discursos alternativos que cuestionan al establishment y advierten sobre su capacidad de influencia en el comportamiento social y político. La diferencia sustancial en la actualidad radica en su capacidad de difusión. Las redes sociales han multiplicado exponencialmente el alcance de estos relatos, reduciendo los costes de producción y distribución de contenidos y erosionando el monopolio informativo de los medios tradicionales. Esta transformación ha obligado a gobiernos e instituciones a intervenir con mayor frecuencia en el espacio comunicativo, ya sea mediante regulaciones, políticas de moderación de contenidos o estrategias de comunicación institucional.
Desde una perspectiva normativa, puede resultar controvertido afirmar que las democracias liberales ejercen mecanismos de control del discurso público. Sin embargo, factores estructurales como la dependencia de los medios de comunicación tradicionales de la publicidad institucional o de subvenciones públicas contribuyen, en muchos casos, a una alineación con los marcos discursivos oficiales. A ello se suma la creciente colaboración entre gobiernos y grandes plataformas tecnológicas en la gestión de contenidos considerados problemáticos.
En este contexto, resultan especialmente relevantes las declaraciones públicas realizadas por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en las que reconoció haber recibido presiones por parte de la administración de Joe Biden para limitar la difusión de determinados contenidos durante la pandemia de COVID-19. Dichas presiones afectaron tanto a informaciones críticas con la gestión sanitaria, justificadas en nombre de la salud pública, como a noticias relacionadas con Hunter Biden, que fueron inicialmente catalogadas como desinformación de origen ruso. Posteriormente, el propio Hunter Biden fue indultado por su padre tras enfrentarse a una posible condena de hasta 17 años de prisión.
Este episodio ilustra de manera clara la existencia de tensiones entre la lucha contra la desinformación y el respeto a la libertad de expresión, así como el riesgo de que los mecanismos de censura o moderación respondan, en determinados casos, a intereses políticos o personales. No obstante, también es cierto que numerosos analistas advierten de que errores puntuales o abusos en el uso de estas herramientas no deberían invalidar la necesidad de combatir campañas de desinformación que pueden socavar la confianza institucional y la estabilidad democrática.
Es en este punto donde resulta útil recurrir a la denominada teoría de la olla a presión. Esta plantea que las sociedades democráticas generan de manera constante presión social como consecuencia de la pluralidad ideológica y la existencia de grupos críticos.
Si dicha presión no se gestiona adecuadamente, puede derivar en episodios de ruptura, conflictividad social o violencia política. Para evitarlo, el sistema tendería a regular la expresión del disenso, reprimiendo aquellas formas de pensamiento consideradas verdaderamente disruptivas o amenazantes para el orden establecido, mientras permite la circulación de críticas que, aunque visibles y en ocasiones populares, presentan un potencial limitado de transformación estructural.
Desde esta óptica, resulta llamativo que determinados discursos marginales como el terraplanismo que circulen sin apenas restricciones, mientras que otros planteamientos, con mayor impacto político o electoral, sean objeto de una vigilancia y limitación mucho más estrictas. Más allá de la veracidad de cada caso concreto, esta asimetría invita a reflexionar sobre los criterios utilizados para definir qué constituye desinformación y quién ostenta la legitimidad para establecer dichos límites.
Lejos de promover teorías conspirativas, el objetivo de este análisis es fomentar una reflexión crítica sobre los mecanismos de regulación de la información en las democracias contemporáneas. En un entorno caracterizado por la sobreabundancia informativa y la polarización, resulta imprescindible preguntarse no solo qué se dice, sino también qué se silencia, por qué y en beneficio de quién.