La llegada de Trump ha provocado un cambio de ideología política en la administración norteamericana, pasando de una ideología progresista y paradigma de la política woke a una que sería su antagónica, es decir, el liberalismo en su máxima expresión.
Para reducir la administración del Estado, se ha recurrido al multimillonario, eficiente y adicto al trabajo Elon Musk, quien ha sido puesto al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Este nombramiento tiene como objetivo desmantelar la burocracia gubernamental, reducir el exceso de regulaciones, cortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales.
La teoría detrás de este movimiento parte de la idea de que el aparato del Estado está sobredimensionado y de la necesidad de adelgazarlo para evitar el déficit en los presupuestos estatales. También se busca una desregulación y reducción de la burocracia que favorezca a las empresas. Para ello, Elon Musk cuenta con un equipo con experiencia en realizar este tipo de proceso en empresas del sector privado.
Entre los objetivos prescindibles están aquellos que se consideran ideológicos o, literalmente, “los gastos más absurdos de los impuestos”. Aunque el programa aún no está completamente desarrollado, se teme que pueda afectar a los sistemas educativos y sociales, lo que podría generar controversia desde diferentes perspectivas ciudadanas. Por ejemplo, una persona que solo haga uso de servicios privados en educación y sanidad podría considerar justo no tener que contribuir para mantener dichos servicios, lo cual le puede parecer razonable. Pero desde la perspectiva de un usuario de la sanidad y educación públicas, quizás le sea imposible costearse unos servicios mínimos. Además, se podría decir que si cada uno paga los servicios que usa, serían dos formas “privadas”, pero con diferentes prestatarios de los servicios.
En cuanto a la desregulación y la eliminación de la burocracia, sí existe mayor consenso. Con el paso del tiempo, las regulaciones y trámites administrativos han ido aumentando hasta el punto de que para realizar una gestión se deben seguir una serie de procesos que encarecen la operación, llegando a ser más costosa la gestión de los trámites que la inversión a realizar.
No quiero decir con esto que no se pueda y deba realizar una revisión del personal y de los gastos superfluos de la administración. Pero quizás sería interesante hacerlo con un enfoque más humano y no desde una perspectiva estrictamente liberal. La nueva administración considera al Estado como una empresa en la que se deben obtener beneficios, pero quizás sería mejor verlo como una familia, en la que ayudar a alguien en dificultades no es visto como un gasto innecesario, sin confundir, por supuesto, con aquellos que viven permanentemente parasitando a otros.
Esto puede crear controversia, pero, volviendo al ejemplo educativo, ¿puede alguien asegurar que una persona destinada a encontrar la cura contra el cáncer o a unir a todos los países en una era de paz no haya nacido ya, pero no haya podido desarrollar su potencial porque no pudo costearse los estudios necesarios, viéndose obligada a incorporarse al mercado laboral en un puesto de baja cualificación?
Sin embargo, en el tema de la desregulación puede ocurrir algo similar. ¿Quién puede asegurar que alguna de las empresas que podría salvar al mundo o a la humanidad no ha podido desarrollarse debido a una regulación y burocracia excesiva que ha impedido el inicio de su actividad empresarial?
Solo el tiempo dirá cuál será el resultado de esta gestión. Pero nunca sabremos si el máximo potencial de la sociedad y del Estado logrará desarrollarse.