Normalmente el acceso a la función pública en España se realiza a través de oposiciones, un proceso que se considera uno de los métodos más objetivos y justos para cubrir plazas en la administración y casi en cualquier puesto. Sin embargo, ¿son realmente las oposiciones un mecanismo equitativo? Esta reflexión pone sobre la mesa algunas de las controversias de este sistema y plantea dudas sobre su objetividad.
Antes de empezar la oposición ya empieza las primeras dudas sobre su objetividad, en concreto, Aunque junto a las plazas ofertadas por las administraciones se publican los puntos teóricos. Estos últimos, son desarrollados por diferentes academias o editoriales, lo que da lugar a una gran variedad de temarios para una misma oposición. Esto genera desigualdades entre los aspirantes, ya que no todos cuentan con las posibilidades de poder acceder a los temarios más exclusivos al tener las academias un límite de plazas.
Un posible remedio sería la creación de un temario oficial único que garantice la igualdad de oportunidades entre los opositores. Incluso hay precedentes de casos en los que algunas preguntas del examen no aparecían en ningún temario conocido, generando una sensación de incertidumbre, frustración y desconfianza entre los participantes.
No obstante, incluso con un temario estandarizado y oficial no resolvería todos los problemas. Es necesario que este se adapte a las necesidades reales del puesto de trabajo que se pretende cubrir. En la actualidad, la sección “común” de gran parte de los temarios incluyen textos jurídicos como la Constitución Española de 1978 y otras normativa o leyes, como son, por ejemplo, los estatutos de autonomía. Aunque estas leyes son fundamentales para el funcionamiento del Estado, es cuestionable la relevancia de tanto contenido legal en ciertas oposiciones, especialmente cuando no es funcional al puesto ofertado.
Este enfoque jurista otorga una clara ventaja a los graduados en Derecho sobre otros profesionales, incluso cuando las competencias necesarias para el trabajo las posean personas con formaciones más adecuadas, como ciclos formativos u otros grados universitarios más orientados al puesto a cubrir. Además, el sistema actual recompensa a los titulados universitarios de cualquier grado al permitirles optar a los puestos del grupo A, reservados para ellos, mientras que profesionales con más experiencia y conocimientos específicos pueden quedar relegados a puestos de menor categoría por no disponer de un grado universitario cualquiera. Esto puede dar lugar a situaciones paradójicas en las que un recién graduado, sin ninguna experiencia y con los únicos conocimientos de un temario de oposición, lidere equipos de personas con décadas en el mismo puesto, imponiendo metodologías ineficaces o erróneas sin que sus subordinados puedan intervenir para revertir la situación.
Otro factor cuestionable es el formato estandarizado del examen tipo test. Aunque este sistema permite evaluar a un gran número de candidatos de forma rápida, también introduce un componente de azar que, aunque improbable, podría permitir que alguien sin ninguna preparación pueda acceder a una plaza simplemente por haber adivinado las respuestas correctas por suerte.
Dentro de las variables, es importante centrarse en la figura del estudiante. El mero hecho de estudiar no siempre convierte a una persona en un mejor profesional o trabajador, a menos que exista una predisposición personal al aprendizaje y a ejercer lo aprendido. No todos los estudiantes tienen la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales, más si cabe, cuando el temario utilizado para acceder al puesto no es el más adecuado, como vimos anteriormente. Algunos aspirantes se limitan a memorizar los contenidos necesarios para aprobar el examen y olvidarlos a continuación, lo que cuestiona la validez de estos procesos selectivos para identificar a los mejores candidatos.
Analizando todo lo expuesto, se puede apreciar el Principio de Peter en la administración pública. Esta teoría indica la posibilidad de que los ascensos dentro de una jerarquía no sean cubiertos por los más cualificados al puesto, incluso cabe la posibilidad que sean incompetentes para el mismo. A pesar de la aparente rigurosidad y transparencia de las oposiciones, en su mayoría, están diseñadas principalmente para estudiantes y especialmente para graduados en Derecho. Así, las administraciones públicas no siempre logran contratar a los candidatos más aptos para el puesto, sino a aquellos que han superado una serie de exámenes, en ocasiones solo uno, cuyos temarios son editados por academias, cuya conexión con la realidad del trabajo ofertado es, a menudo, limitada.
Finalizo planteando si el modelo actual es realmente el más eficaz para garantizar una administración pública eficaz y adaptada a las necesidades del siglo XXI.