La sesión del pleno del Parlamento de Andalucía celebrada este miércoles, día 27 de noviembre, ha sido aprovechada por la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, para afirmar que "todos los contratos de emergencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizados durante la crisis de la pandemia de Covid-19 "están avalados por informes jurídicos".
En este sentido, la propia consejera ha querido subrayar durante su intervención el contexto de "crisis sanitaria" generada por el virus que causaba la enfermedad Covid-19 en el que se enmarcaban dichos contratos analizados por la Intervención General, y al respecto ha recordado que, "ante el contagio masivo y descontrolado a nivel mundial que había provocado el Covid-19", la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020, "una emergencia de salud pública de importancia internacional".
A este respecto, la titular andaluza de Salud ha recordado que "no sería hasta el 4 de julio de 2023 cuando el Ministerio de Sanidad declaró la finalización total de las restricciones sanitarias" vinculadas a dicha pandemia que causó casi 16.000 muertes en Andalucía con datos actualizados "a fecha de 30 de junio de 2023".
Contratos de emergencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia
Asimismo, la consejera ha argumentado que "la emergencia y la premura en dichas contrataciones dieron lugar, utilizando como base las recomendaciones que efectúan los informes técnicos de las intervenciones, a que pudieran producirse defectos o imperfecciones administrativas en el proceso" de las mismas, "pero siempre ajustándose de manera escrupulosa a la ley".
Rocío Hernández ha remarcado que "la asesoría jurídica del SAS avaló, mediante dos informes --uno del 28 de diciembre de 2021 y otro del 10 de agosto de 2022--, las prórrogas de los contratos de emergencia que el SAS realizó con motivo de la pandemia". Dichas ampliaciones se corresponden con el 30 de diciembre de 2021, el 30 de septiembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, ha precisado la consejera.
Ha asegurado además que, en 2020, la contratación de emergencia supuso "el 26,56% del total de la contratación pública", cifra que "disminuyó al 11,17% en 2021 y continuó bajando hasta el 3,41% en 2022", mientras que, en 2023, "el empleo de este mecanismo fue meramente anecdótico, con apenas un 0,9% del total de la contratación pública, única y exclusivamente para el tratamiento de pacientes oncológicos", ha continuado detallando.
Finalmente, hay que añadir que la consejera ha defendido también que la Cámara de Cuentas de Andalucía, "otro de los organismos de fiscalización de que dispone esta comunidad autónoma, avaló en su momento la política de contratación de emergencia que realizó la Junta para gestionar la crisis sanitaria", y ha subrayado que "todos estos contratos están publicados en el portal de transparencia de la Junta" a la consulta de cualquier ciudadano.
