La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha apelado este miércoles a la Administración autonómica para que despliegue "medidas urgentes" para hacer frente a la "inasumible y continuada" situación de encarecimiento del precio de la energía (gasóleo, gas, urea y recambios de todo tipo, entre otros) como consecuencia del conflicto bélico desatado por EEUU e Israel en la zona de Oriente Medio.
Para el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez, "vivimos un momento muy complicado, con subidas del 25 y del 30% de los costes. Las empresas del sector se están viendo sometidas a una escalada del precio de la energía sin precedentes", una subida de costes que no pueden trasladarse a los contratos firmados de transporte escolar o de servicios turísticos, donde no hay posibilidad de revisar los precios por culpa de la Ley de Desindexación.
Las medidas son insuficientes desde el Gobierno central, por lo que pedimos desde Andalucía, que la Junta de Andalucía tome nota y promueva ayudas tal y como han realizado algunas comunidades autónomas como Baleares, Galicia y Cataluña".
Aumento del precio de los carburantes
Según recoge Fedintra en una nota, el precio medio del litro de diésel ha aumentado un 2,55% en la última semana, mientras que la gasolina ha subido un 1,46%. Estos incrementos encadenan ya diez semanas consecutivas al alza. Este comportamiento se produce en un contexto marcado por la tensión en los mercados energéticos tras el conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Con estos niveles, el diésel alcanza su precio más alto desde noviembre de 2022, mientras que la gasolina se sitúa en máximos desde octubre de 2023.
"Esta situación nos está ahogando, y hay que necesariamente, replantearse algunas situaciones como los contratos de rutas escolares, ya que si no se revisan los precios, será una auténtica sangría para las empresas andaluzas", asegura Antonio Vázquez. Si los contratos públicos fijan unos precios y condiciones, en función de la situación del momento de la firma; para un periodo que puede extenderse durante años, "lo lógico es plantear cláusulas que puedan variar dichas tal y como se realiza en el transporte de mercancías". Por este motivo, la federación va a solicitar una reunión con la Junta de Andalucía para solicitar ayudas que permitan la continuidad de los servicios.
A medio y largo plazo, es necesario establecer un protocolo de revisión de tarifas o un reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como la revisión de los precios de todos los contratos dependientes de las Administraciones. No se puede llevar a cabo un contrato público, basado en precios de hace años, y seguir tal cual, tienen que preverse unos mecanismos de seguimiento de todos los contratos de transporte público y, especialmente, en el transporte escolar.
"Es imprescindible que la Administración autonómica, tome cartas en el asunto y articule medidas para sufragar el disparatado coste energético, que incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas del transporte andaluz en el servicio del traslado de escolares y en las empresas con rutas de transporte regular. Si se han activado mecanismos para las empresas constructoras ante el encarecimiento de los materiales, se debe aplicar el mismo criterio a las empresas que realizan contratos de servicios públicos (como el transporte escolar) en Andalucía", señala Vázquez.
