jueves. 28.03.2024

'El caso Romaní' aviva la tensión entre Equipo de Gobierno y oposición

Álvaro de la Fuente convoca un nuevo consejo de administración y los populares recuerdan que en el hay cuatro ediles imputados por acudir a los juzgados con denuncias falsas

El  presidente de Aguas de Cádiz (ACASA), Álvaro de la Fuente, ha convocado para este miércoles, 13 de junio a las 18.00 horas, un nuevo Consejo de Administración de la empresa municipal. El consejo abordará el informe jurídico elaborado sobre el pago de 42.000 euros de dinero público al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa bajo la presidencia de Ignacio Romaní.

Tras conocer el contenido del informe, que ya ha sido entregado a todos los consejeros y a la vista de las conclusiones, Álvaro de la Fuente ha señalado que "espero que el Consejo apruebe poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos relativos al Observatorio de Responsabilidad Social y al grupo de investigación referido en las facturas teniendo en cuenta que en el informe jurídico se aprecia indicios de que estos hechos, presuntamente, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público a la par que hace referencia a falsificación documental tras las información aportada por la Universidad de Cádiz en su informe de respuesta a las preguntas remitidas por Aguas de Cádiz el pasado mes de abril".

El presidente de Aguas de Cádiz ha explicado que "ante la contundencia de toda la información que se ha venido poniendo a disposición del Consejo y la aparecida en los medios de comunicación, y ante la necesidad y obligación de esclarecer estos hechos y el destino que tuvieron los 42.000 euros de dinero público, esperamos que el Consejo apruebe poner en marcha estas acciones pues podríamos estar ante otro caso más en el que historial del PP, con el presunto uso de los recursos públicos en su propio beneficio".

Por último, Álvaro de la Fuente ha pedido "al PP de Teófila y de Juancho Ortiz, que han salido públicamente a defender a Ignacio Romaní en este caso, no sigan obstaculizando el esclarecimiento de estos hechos y actúe con responsabilidad ante la gravedad de lo que venimos conociendo ni traten de desviar la atención".

El GMPP (Grupo Municipal del Partido Popular),por su parte, ha calificado de "cobardía" la decisión del actual consejero delegado de Aguas de Cádiz, Alvaro de la Fuente de llevar al Consejo de Administración de la empresa la decisión de llevar al juzgado los informes que la UCA y la propia empresa han elaborado sobre la relación del OARSE y la empresa municipal.

Los populares han señalado que De la Fuente se escuda en el consejo "para no terminar imputado como los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que son investigados por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid por supuestos delitos de malversación de fondos públicos al utilizar recursos municipales para preparar informes que sustentaran llevar al juzgado un presunto caso sobre el Open de Tenis de Madrid".

El Grupo Popular ha señalado también que el informe jurídico realizado a petición de Aguas de Cádiz no es el primero que es tumbado en un juzgado y que "seguro que el alcalde y su jefe de Alcaldía, que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 22 de junio, recuerdan lo bien que le fue con el informe que Aguas de Cádiz encargó sobre el corte de agua en Loreto".

En este mismo sentido indicaron que esta decisión de llevar los informes al consejo y no tomar la decisión por parte de Alvaro de la Fuente o el propio Equipo de Gobierno de presentar denuncia “no es más que un acto de cobardía del alcalde, que no quiere sentarse en el banquillo por segunda vez después de su procesamiento por el Caso Loreto".

El Grupo Popular lamentó también la "hipócrita cantinela del alcalde y su gobierno cuando hablan de la judicialización de la política, que siempre coincide con los momentos en los que son imputados o procesados, como les pasó a Martín Vila o Eva Tubío por denuncia falsa en el caso Matadero, y al propio alcalde y González Bauza por injurias y calumnias cuando llevaron a la Audiencia el informe de Loreto. Esta constante del gobierno local de ir a los juzgados y luego lamentarse de que se judicializa la política es algo ridículo que siempre, y en este caso será así, tendrá su justa contestación".

Los populares han reiterado que en este asunto el único que ha dado explicaciones desde el primer día, es Ignacio Romaní, que está siendo sometido a una campaña de linchamiento por parte de Podemos en Cádiz "porque es la única oposición a los desmanes y desgobierno del alcalde, que –medio año después- sigue sin explicarle a los gaditanos el curioso caso de su compañero de comparsa, que se hizo con la taquilla de la Pista de Hielo que contrató el Ayuntamiento sin haberse presentado siquiera al concurso". El Grupo Popular concluyó pidiendo al Equipo de Gobierno, "tan preocupado por las facturas de 2014, que explique las de 2016 que han pagado a afines de Podemos que acudieron invitados por este Ayuntamiento a pasar una semana de veraneo pagando comidas, dietas y viajes con el dinero de todos los gaditanos".

'El caso Romaní' aviva la tensión entre Equipo de Gobierno y oposición