Hasta una zona prohibida del Parque Natural de Doñana se desplazaron varios cazadores con el único objetivo de cazar patos salvajes en la localidad de la Puebla del Río, en Sevilla. Sin embargo, fueron descubiertos por la detonación de las armas de fuego que emplearon enfrentándose a un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad y otro por un delito contra la flora y la fauna.
En concreto, los detenidos se ubicaron entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir, siendo descubiertos por miembros del Seprona de la Guardia Civil mientras realizaban un servicio de control específico de actividades cinegéticas al oír disparos en una zona donde no está permitida la caza.
Desde la Guardia Civil informan que los dos tirados fueron sorprendidos 'in situ' desarrollando la actividad ilícita en este punto de Sevilla. Éstos, al detectar la presencia policial, comenzaron a correr entre la maleza. Al verse cercados por sus perseguidores, decidieron cambiar su dirección de huida, tratando de escapar introduciéndose dentro de la laguna en la que estaban cazando.
Una vez identificados y comprobadas las armas de los infractores, regresaron al puesto de tiro donde inicialmente fueron localizados. En el lugar, localizaron 15 reclamos de patos vivos utilizados para atraer a patos salvajes. Además, hallaron varias piezas de cazas que minutos antes de ser interceptados habían conseguido.
Delitos a los que se enfrentan los detenidos
Los delitos a los que se enfrentan los implicados, pueden llegar a ser castigados con penas de prisión de entre tres meses y un año, además de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por el tiempo de dos a cinco años, así como privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.
Además de instruir un atestado policial, los agentes procedieron a la tramitación de varias denuncias administrativas por infringir artículos de la legislación medioambiental. En los casos más graves denunciados, las sanciones podrían oscilar entre los 3.001 y los 200.000 euros.
Tanto las armas utilizadas para la comisión de los ilícitos penales como las piezas de caza cobradas ilegalmente han sido intervenidas y puestas a disposición judicial.
