Paso al frente para convertir en realidad una infraestructura muy demandada en la provincia jienense. La Ciudad de la Justicia de Jaén no se construirá finalmente mediante la colaboración público-privada, fórmula con la que se estaba tramitando el proyecto, y será financiada por la Junta de Andalucía "íntegramente con recursos propios".
De esta manera, la decisión se toma ante el informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, que refleja cuestiones, como la necesidad de rebajar el canon que habría que pagar a la empresa adjudicataria, lo que podría llevar a que la licitación quedase "desierta". Así lo ha indicado el consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto, quien ha subrayado, sin embargo, que la infraestructura "no va a sufrir ningún retraso", pese a este cambio en la fórmula para hacerla realidad.
Asimismo, en su intervención, ha defendido que la concesión de obra pública "forma parte de la Ley de Contratos del Sector Público", pero presenta "una serie de dificultades a la hora de desplegarse". Al hilo, se ha referido al "auténtico obstáculo" que supone la Ley de Desindexación de 2015 y a "una realidad nueva" que "es el tratamiento fiscal" a este tipo de contratos y que "definitivamente le pone la puntilla".
Construcción de la Ciudad de la Justicia en Jaén
En otro orden de cosas, Nieto ha explicado que implica "que se aplique el tipo máximo de IVA, el 21 por ciento, al cien por cien del canon", lo que "supone un incremento de un coste ya muy alto de casi 50 millones de euros más", de modo que "es prácticamente imposible" llevarlo a la práctica, aludiendo al informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, del que se estaba pendiente para proceder a la licitación de la Ciudad de la Justicia, después de que la Consejería le remitiera el proyecto a finales de 2025.
Y es que, la vía de la colaboración público privada supone que la empresa adjudicataria asume la inversión, además de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios durante el periodo de la concesión. A cambio, la Junta abonaría un canon anual, calculado para este proyecto en 9,7 millones durante 28 años, una vez que el edificio estuviera terminado y en uso. Transcurrido el plazo de concesión, sería propiedad del Gobierno andaluz.
A ese criterio de rebajar el canon fijado, según ha dicho, por "la Oficina Nacional de Evaluación", el consejero ha sumado "el otro dato determinante": la consulta a la Dirección General de Tributos que fijaba "el 21 por ciento de tipo de IVA al cien por cien del canon". Ante esta situación, ha precisado que se podría haber lanzado la licitación y "que, dentro de unos meses quedase desierta", pero pudiendo decir que desde la Junta se había "hecho todo lo que se podía hacer". A su juicio, sin embargo, ese escenario se "podría calificar hasta de estafa para la ciudad", que sufre la dispersión de 13 sedes judiciales y lleva décadas esperando la Ciudad de la Justicia
Finalmente ha añadido que se ha llegado "a la conclusión de que había que aprovechar otra consulta" hecha en paralelo tanto a la Unión Europea como al Ministerio de Hacienda: "la posibilidad de utilizar el superávit de ejercicios anteriores para proyectos sostenibles".
