La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, han visitado las viviendas públicas de la Junta de Andalucía en la Casa Palacio de Ramón de Cala, en pleno barrio de San Miguel, una vez que han culminado los trabajos de rehabilitación del edificio, del siglo XVII y a la que se dará un nuevo uso residencial en régimen de alquiler social, cuyos precios oscilan entre los 177 y los 348 euros al mes.
Este proyecto se presenta después de que el Gobierno andaluz acabe de iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, todavía en fase de alegaciones, y que tendrá como principal objetivo impulsar y favorecer el derecho a la vivienda en Andalucía con un incremento de la oferta y los suelos para construir viviendas protegidas y a precio asequible. La misma también pretende "corregir los fallos y deficiencias" con las que cuenta la Ley de Vivienda Estatal.
María José García-Pelayo señalaba que para el Gobierno de Juanma Moreno "la vivienda es una preocupación" pero también es "una ocupación" a la vez que "un motivo de preocupación". La alcaldesa reconoce que actualmente es "difícil" acceder a una vivienda debido a la subida de los precios: "En Jerez hay casi 5.000 personas esperando para acceder a una vivienda, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Por ello se antoja indispensable que las administraciones trabajen de la mano para darle la vuelta a una realidad que es un problema pero tiene solución".
Seguidamente recalcaba que el Gobierno Municipal "está muy implicado con la construcción y rehabilitación de viviendas". A lo largo de este año se han autorizado 601 nuevas viviendas en la ciudad, de las que 195 han sido autorizadas en el centro histórico: "La vivienda tiene que ser una oportunidad y tiene que ser accesible para todos. Jerez tiene más de 100.000 metros cuadrados de suelo en los que se pueden construir viviendas, sobre todo a precios asequibles".
Por todo ello ponía a disposición de Rocío Díaz y la Consejería todos esos suelos para que, a través de la Ley de Vivienda de Andalucía, se ofrezca una oportunidad a todas las personas que lo necesitan: "En Jerez podemos hacer una experiencia piloto de aplicación de desarrollo de esa nueva Ley andaluza".
Casa Palacio de Ramón de Cala
En 2007 la Junta de Andalucía adquirió, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el edificio y 10 años más tarde inició la obra, quedando paralizada en junio de 2019, tras el abandono de la misma por la empresa adjudicataria y no fue hasta 2022, cuando de nuevo se retomaron los trabajos que han contado con una inversión de 3,3 millones de euros.
La remodelación integral de este inmueble, levantado sobre una parcela de 1.543 metros cuadrados, permitirá recuperar 22 viviendas que se adjudicarán en régimen de alquiler con superficies que oscilan entre 41 y los 79 metros cuadrados. Cuatro de las viviendas disponen de un dormitorio, 15 de dos y las tres restantes de tres habitaciones. Estas viviendas serán asignadas a siete de las familias que residían en la finca antes de la rehabilitación, que han permanecido realojadas durante el tiempo de ejecución de las obras. Las otras 15 viviendas serán adjudicadas a familias propuestas por el Registro Municipal de Demandantes.
El edificio conserva elementos arquitectónicos "de gran interés" como los patios con pórticos a base de arcos sobre columnas, la portada interior, la fachada con escudo nobiliario o las escaleras del inmueble de la calle Ramón de Cala.
"Vemos que es posible cambiar la vida de personas y mejorarla. Tenemos mucho camino por recorrer con un tema tan relevante y sensible como es la vivienda pero días como hoy son los que nos ayudan a seguir adelante a las personas que tenemos responsabilidad en instituciones. Somos la primera comunidad autónoma que ha presentado un anteproyecto de Ley en España tras la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez. Esta Ley ha retirado viviendas del mercado y ha subido los precios dando muy pocas garantías a los propietarios porque fomenta la okupación ilegal", explicaba Rocío Díaz.
