Logran un nuevo aplazamiento del desalojo de la familia del Arroyo del Membrillar
La familia no alcanzó un acuerdo con la Junta de Compensación promotora del ámbito y debe de abandonar su parcela por orden judicial
Urbanismo está gestionando los trámites para que la Junta de Compensación autorice cuatro meses más de plazo que permitan seguir trabajando en una solución definitiva
El Gobierno municipal, junto con los grupos Ganemos e Izquierda Unida, han intermediado ante la Junta de Compensación que ha llevado a cabo el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 2Q1 de Arroyo del Membrillar, para obtener un nuevo aplazamiento -en esta ocasión de cuatro meses- de la fecha de lanzamiento de una familia que debe de abandonar la parcela que ocupa en ese sector y cuyos inmuebles deben de ser demolidos en cumplimiento de una orden judicial, y conforme al resultado del proyecto de reparcelación ejecutado dentro del desarrollo urbanístico del ámbito.
La Junta de Compensación se ha mostrado receptiva a autorizar este nuevo aplazamiento por lo que desde el Área de Urbanismo ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para tal fin.
Asimismo, desde el Gobierno, la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha intensificado en estos días sus gestiones y ha mantenido conversaciones con Adif, empresa propietaria de la parcela que esta familia debe de abandonar, que también se ha mostrado sensible con esta situación y ha transmitido al Ayuntamiento que no tiene inconveniente en consentir que se posponga nuevamente el desalojo, que en un principio estaba previsto para el mes de enero, y que se pospuso al 13 de marzo, también a través de la intermediación municipal.
El objetivo de este nuevo aplazamiento es disponer de tiempo suficiente para seguir gestionando ante distintas entidades algún tipo de alternativa habitacional definitiva. Esta familia ya ha puesto en conocimiento de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, su situación para que se estudie su caso.
La situación de esta familia es consecuencia de la falta de acuerdo entre ésta y la Junta de Compensación constituida en su día para el desarrollo de esta unidad de ejecución -y de la que forman parte todos los propietarios de los suelos comprendidas en la misma, incluida la propia familia-, que se inició en el año 2003 y que se llevó a cabo por parte de la iniciativa privada (es decir, mediante el sistema de compensación). En estos casos, el Ayuntamiento no interviene en el desarrollo de los suelos, y únicamente lo hace como órgano de control y fiscalización para dotar al proceso urbanístico de las máximas garantías.
Tras la ejecución de los correspondientes proyectos de reparcelación y urbanización, y recepcionadas las obras por parte del Ayuntamiento, se dio la circunstancia de que algunos propietarios, entre los que figura la familia en cuestión, no aceptaron el resultado final del proyecto de reparcelación y la distribución de las parcelas resultantes y, por tanto, se negaron a abandonar sus viviendas y a permitir su demolición, llevando a cabo una serie de acciones legales, que concluyeron con la firmeza del proyecto de reparcelación ejecutado.
En consecuencia, y dado que las edificaciones objeto de demolición son incompatibles con el planeamiento resultante, la Junta de Compensación instó a la tramitación del correspondiente expediente de ejecución forzosa del proyecto de reparcelación, lo que implica la demolición de las edificaciones y la puesta a disposición del suelo resultante de sus actuales propietarios.
