Padres y madres de los alumnos del CEIP Pablo Picasso de Estella del Marqués, en Jerez de la Frontera, se han concentrado a las puertas de dicho centro en apoyo a la huelga indefinida que tanto los PTIS (Personal Técnico de Integración Social) como los ILSE (Intérpretes de Lengua de Signos) han iniciado este martes 21 de noviembre de 2023.
El motivo de dicha huelga es la “extrema precariedad” a la que, según afirman, los tiene sometidos el gobierno andaluz, aunque es es el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral y en el marco de sus competencias, quien debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos.
Los PTIS y los ILSE realizan su trabajo con un alumnado con necesidades educativas de apoyo especifico y en muchas ocasiones los familiares consideran que son insuficientes las horas a las que se les presta un servicio educativo acorde a un alumnado con unas necesidades y sensibilidades muy concretas.
Entre las denuncias del colectivo se encuentran:
- Retrasos en los pagos
- Recortes salariales
- Impago de trienios
- Impago de subidas salariales
- Impago de vacaciones
- No enviar sustitutos a los centros
- Nula comunicación (no contestan a correos o llamadas)
- No facilitar tanto contratos como nóminas
Modelo de funcionamiento de los PTIS
En este sentido, cabe recordar que el modelo actual de funcionamiento del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en los centros educativos andaluces, con personal de Administración y Servicios de Función Pública de la Junta de Andalucía (1.087 en la actualidad), y personal externalizado a través de contratos con empresas de servicios (1.885), fue creado en 2006 por la anterior administración socialista.
En el caso concreto del CEIP Pablo Picasso de la ELA de Jerez, las madres y padres, no solo protestan por las condiciones en las que los PTIS se encuentran, sino que, además, señalan que el centro cumple con creces los requisitos para contar con mas medios de los que actualmente dispone, existiendo actualmente un solo PTIS que atiende a los alumnos que lo necesitan varias horas al día, compartiendo su jornada con otro centro de la zona.
Finalmente aseguran que "cuesta creer que Andalucía sea la única comunidad autónoma que haya privatizado más de la mitad de este servicio, y que se den a menudo la circunstancia de coincidir profesionales empleados públicos con empleados privados, con la correspondiente brecha tanto salarial como de condiciones laborales".
Condiciones laborales de los convenios entre trabajadores y empresas
Mientras tanto, desde la Junta de Andalucía señalan que, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), firma contratos con empresas, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales está sujetas a los correspondientes convenios colectivos. Los conflictos laborales entre estos trabajadores y sus empresas deben resolverse por tanto en ese marco.
Asimismo recalcan que el actual Gobierno ha impulsado una serie de medidas encaminadas a paliar déficits de este sistema. En primer lugar, estableciendo por primera vez una cobertura jurídica a la prestación de estos servicios a través de un Decreto, facilitando así el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Igualmente, la Consejería aumentó el precio de las licitaciones (un 17%) y modificó algunas condiciones con el objetivo de elevar el rigor en el cumplimiento de los pliegos, incluyendo subsanaciones en la prestación del servicio, la solicitud de la intervención de la Inspección de Trabajo en caso de irregularidades y la aplicación de las penalizaciones estipuladas en caso de incumplimiento. Desde 2017, la Consejería ha ejecutado penalizaciones a un total de 7 empresas de estos servicios.
