La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez de la Frontera (ATMJ) ha emitido un comunicado donde, una vez más, denuncia "el malgasto" del dinero público. En esta ocasión, lo hacen después de conocerse una sentencia judicial que podría costar a las arcas municipales del Ayuntamiento de Jerez "unos cuantos miles de euros".
En un escrito recuerdan que el 28 de enero de 2022 se convocó en el BOJA las bases y convocatoria para la provisión del puesto de trabajo Interventor General del Ayuntamiento de Jerez reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional mediante el sistema de libre designación.
En resolución de la alcaldesa, Mamen Sánchez, con fecha 21 de abril de 2022 se declaró desierto el proceso selectivo para la provisión de dicho puesto.
Sin embargo, en sentencia con fecha 24 de abril de 2023, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras (Sentencia nº 37/2023) le da la razón al funcionario de la Administración Local con Habilitación de carácter nacional que se presentó en dicha convocatoria y declara su nombramiento como Interventor General del Ayuntamiento de Jerez con los efectos administrativos, económicos y legales inherentes desde la fecha 3 de mayo de 2022 y se ordene a la administración demandada a estar y pasar por este pronunciamiento.
Tras ello, la ATMJ anuncia que va a solicitar al portal de transparencia el informe de la Comisión Técnica de Evaluación después de que la sentencia recoja expresamente que “no puede considerarse que su motivación permita excluir la arbitrariedad y la desviación de poder, por cuanto no ofrece razones de peso por las que deba desestimarse el candidato, ya que ni siquiera valora sus méritos o justifica, de forma sólida o contundente, la relevancia de aquellos de los que carece”.
Posibles costes de la sentencia
La consecuencia directa de esta sentencia es que el Ayuntamiento de Jerez deberá pagar con dinero público un año de salario del puesto de interventor que rondará alrededor de 140.000 euros, sin tener en cuenta otros costes asociados. Sin embargo, la sentencia no es firme y el gobierno municipal presentará un recurso.
"A esto se le tiene que sumar el pago, al parecer, en el mes de febrero de 2023 a la Interventora en funciones de los atrasos del complemento especifico del puesto del interventor/a de los años 2021 y 2022 que ascendía a 32.459,49 euros (incluye la nómina de febrero de la interventora)".
En definitiva, ambas operaciones suman un coste de unos 175.000 euros, que se suman a que en el año 2019 "hubo indicios de filtración de exámenes en convocatorias públicas del Ayuntamiento". Todo ello ha provocado la indignación de la agrupación de técnicos: "Nos hace temblar. Queremos pensar que se trata de una falta de profesionalidad en el trabajo", señalan.
Finalmente recuerdan que el pasado 2 de febrero de este mismo año denunciaron otra sentencia que obligaba a indemnizar a la recurrente con 3.123.464,72 € del juzgado contencioso de Jerez por incumplimiento de contrato y el 17 de febrero que el Supremo obligó al Ayuntamiento de Jerez a pagar a los trabajadores de Aguas de Jerez la paga extra de 2012 con un coste alrededor de 200.000 euros, cerca del doble de lo que hubiera tenido que pagar en su momento.
