El esfuerzo por garantizar los derechos de los acusados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Unidas Podemos ha llegado a un punto insólito. La ley conocida como 'sólo sí es sí' ha provocado ya que las puertas de la cárcel se abran para 117 condenados por agresión sexual, con otros 1.155 viendo sus sentencias reducidas, según datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el día 1 de julio.
Estos datos, facilitados por el CGPJ, proceden de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, el Supremo y las Audiencias Provinciales. Pero estos números no reflejan todas las revisiones que aún se están tramitando en los juzgados de lo penal, encargados de juzgar delitos contra la libertad sexual con penas de hasta cinco años.
Más beneficiados por en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Cádiz y Baleares
El Supremo ha permitido la reducción de 31 condenas y la Audiencia Nacional de una sola. Pero el caso más alarmante es que los Tribunales Superiores de Justicia han ajustado 145 condenas que han resultado en diez excarcelaciones y, aún más estremecedor, las Audiencias Provinciales han recortado 978 condenas, liberando de manera temprana a 107 agresores sexuales.
La justicia, en su objetivo de equilibrar la balanza, parece haberse inclinado en exceso a favor de los agresores sexuales. Es asombroso que se haya recortado un 36,5% de las sentencias revisadas por el Tribunal Supremo, y aunque el porcentaje cae al 14,3% en la Audiencia Nacional, se dispara hasta más del 34% en las Audiencias Provinciales.
De entre los Tribunales Superiores, destaca Madrid con 49 rebajas, seguido de Baleares con 16 y Andalucía y Cataluña con 12. En cuanto a las Audiencias Provinciales, de nuevo Madrid lidera con 126 condenas recortadas, seguida de Barcelona con 60, Valencia y Alicante con 55 cada una, Cádiz con 49 y Baleares con 48.
Este panorama es alarmante. La ley 'sólo sí es sí' de Irene Montero (Unidas Podemos) y PSOE, que ha logrado lo contrario, proteger los derechos del acusado, parece haber olvidado la seguridad y la justicia para las víctimas de agresiones sexuales. A escasos días de las elecciones generales resulta esencial revisar estas decisiones y reconsiderar el equilibrio que se ha roto en la balanza de la justicia. Y es que el camino hacia la igualdad de derechos no debe pasar por permitir una potencial reincidencia del delito por parte de aquellos que ya han demostrado su capacidad para cometerlo.
