Un colectivo que ahora se siente traicionado. Las pulseras telemáticas -que llevan los maltratadores para garantizar la orden de alejamiento- están en el punto de mira en la polémica. Sus movimientos se registran en los móviles de sus víctimas. El cambio del operador de telefonía móvil generó un fallo informático que afectó a esos dispositivos. El Partido Popular pide la reprobación de Ana Redondo, la ministra de Igualdad, y habla de una negligencia muy grave. A juicio de los populares estamos ante "un engaño" de Pedro Sánchez a la sociedad.
En relación a este asunto, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha pedido este sábado, día 20 de septiembre, la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y explicaciones "inmediatas" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que la propia memoria de la fiscalía provincial de Granada recoge fallos "persistentes en el sistema de las pulseras antimaltrato que habrían puesto en riesgo a víctimas de violencia de género en la provincia".
El propio dirigente popular ha advertido de que este hecho, de confirmarse, supone un "engaño a la sociedad y, especialmente, a las víctimas. Hemos conocido en el día de hoy, a través de una información periodística, que la fiscalía provincial en su memoria sí recoge esos fallos de las pulseras antimaltrato y que han puesto en riesgo a víctimas de violencia de género.
Pedro Sánchez engaña a la sociedad española
A este respecto asegura que si esto es cierto, "estaríamos ante una nueva mentira de la fiscalía general y del Gobierno de España que esta misma semana hablaba de problemas puntuales", un argumento que parece que ha quedado 'desmontado' con el transcurso de los días.
El fiscal general del Estado y la ministra de Igualdad "habrían mentido a los españoles, estarían mintiendo a los granadinos y, lo que es más grave, estarían mintiendo a las víctimas de violencia de género", porque "si esa información es cierta, habrían estado en riesgo esas víctimas".
Por otra parte, Saavedra ha recalcado que la situación descrita en el informe de la fiscalía provincial de Granada "desmonta la versión difundida esta misma semana por la fiscalía superior y el Gobierno de España apuntando a problemas puntuales derivados de la migración de datos tras el cambio de empresa adjudicataria".
Finalmente, ha añadido que "lo que la fiscalía provincial reconoce es mucho más grave: no se trata de incidencias aisladas, sino de fallos que pusieron en riesgo real a mujeres en Granada. Esa contradicción es insoportable y por eso exigimos aclaraciones inmediatas al máximo nivel".
