Las decisiones del Gobierno de España continúan perjudicando al contexto de las comunidades autónomas. En este caso ha sido el Partido Popular de Sevilla quien ha avisado "del nuevo castigo del gobierno sanchista a la sanidad pública". Para ello, la formación política esgrime la "cascada de irregularidades administrativas" en la convocatoria del proceso selectivo de los profesionales en formación sanitaria especializada, es decir, los residentes de Medicina (MIR), "que pone en riesgo incluso su celebración, fechada para el próximo 24 de enero".
La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha señalado "la incapacidad del Ministerio de Sanidad, y en concreto de la ministra Mónica García, para cumplir con las bases legales de la convocatoria". "Este proceso selectivo ha alcanzado un caos y una desorganización inimaginables con una concatenación de errores que pueden suponer incluso la suspensión del examen, ya que se está produciendo una violación del procedimiento legal, dando sustento legal a que la impugnación tenga una base jurídica sólida".
El último error ha sido que el nombramiento de las comisiones calificadoras, así como la ratificación de la fecha de examen se ha producido antes que se publicasen las listas definitivas de admitidos, una secuencia contraria a lo que marca la Orden de Convocatoria que señala que primero debe ser la lista definitiva de admitidos y posteriormente la ratificación de la fecha y el nombramiento de las comisiones.
El castigo de Pedro Sánchez a la sanidad en Andalucía
Esta alteración de orden, puede causar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo "y lo que es peor, genera una gran incertidumbre entre los más de 30.000 aspirantes. Pero este grave error, no es el único, lamentablemente, sino que es sólo el último de una larga lista".
En concreto, Guillén ha recordado que a finales de julio "dimitieron en bloque" los comités encargados de redactar las preguntas de los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE), lo que llevó a una crisis de confianza sobre el examen, "llegando incluso a plantearse que las preguntas del futuro examen pudieran ser elaboradas con Inteligencia Artificial debido a la bajísima remuneración ofrecida, cinco euros por pregunta".
A este respecto subrayado que "posteriormente, el Ministerio de Sanidad se negó a pagar a los miembros de las comisiones no tratándose de un simple retraso, ya que según los propios funcionarios encargados afirmaban que no había previsiones de pago; a esto hay que sumar la caída del página web del Ministerio durante el proceso de inscripción; y el retraso incompresible en la contratación de la empresa encargada de gestionar las listas de admitidos y excluidos, normalmente se realiza en junio-julio y en esta ocasión no se realizó hasta noviembre, dejando sin tiempo suficiente a la empresa para preparar todo el proceso", ha abundado la dirigente popular.
Finalmente ha lamentado que "la incapacidad de la ministra es manifiesta, y exigimos seriedad y responsabilidad ante este colosal caos organizativo", ha añadido Guillén. "Esta situación está generando un estrés masivo entre los aspirantes. El gobierno sanchista está jugando con el futuro de los profesionales sanitarios y está poniendo en juego la sanidad pública".
