Un Jefe del Ejecutivo que continúa sin cumplir una de las grandes obligaciones que le impone la Constitución. Y es que pasan los días y Pedro Sánchez está contra las cuerdas más que nunca por lo que desde Andalucía le reclaman que "presente los presupuestos de 2026 o convoque elecciones".
Según la información que ha trascendido a este periódico, el PP-A defenderá el jueves, día 23 de octubre, en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno central a presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, de manera que ponga fin a la "política gravemente perjudicial para España de gobernar prorrogando anual y sucesivamente" las cuentas.
Es por ello que se le demanda al Ejecutivo nacional que cumpla con el mandato constitucional de presentar unos PGE, que incluyan "una adecuada, equitativa y suficiente financiación autonómica" para Andalucía mientras se aprueba el nuevo modelo, y en caso contrario, se proceda a la disolución de las cámaras y a la convocatoria de elecciones generales tal y como es preceptivo.
Pedro Sánchez sigue sin presentar los presupuestos de 2026
Asimismo, otra reclamación al Gobierno es que acabe "con las continuas y permanentes cesiones a los partidos independentistas que está llevando a cabo con el único fin de satisfacer sus estrategias secesionistas" y que el presidente español, Pedro Sánchez, se mantenga en "el poder", y con "consecuencias contrarias al interés general y a la Constitución española.
Además se reclama que se lleve a cabo desde el consenso con las comunidades acuerdos que supongan un verdadero y eficaz modelo de política migratoria, que sepa dar respuesta a los intereses del estado español en cada momento y que cumpla con la normativa vigente y los acuerdos internacionales en esta materia, en especial los pactados en el seno de la Unión Europea.
En otro orden de cosas se aboga por una política migratoria que atienda "nuestra capacidad de acogida y el control y protección de las fronteras" y por que el Ejecutivo nacional "cumpla con su obligación legal de solventar con suficiencia financiera y medios a todas las comunidades de manera justa y equidistributiva, ordenando así adecuadamente la migración".
Finalmente, se reclama también al Ejecutivo nacional que renuncie a seguir poniendo en marcha iniciativas que continúen "deteriorando y menoscabando la calidad democrática" del país y que adopte medidas que supongan la vuelta al "respeto escrupuloso a la división de poderes, en especial al poder judicial, para conseguir paliar y mitigar los niveles alcanzados de corrupción política ejecutiva y legislativa, generando así confianza y certidumbre entre la ciudadanía en las instituciones, y alejando de la contienda política" principios básicos.
