España está viviendo una situación insólita que ya se prolonga más de lo que sería deseable. Es por ello que el Jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, está más obligado que nunca a convocar elecciones de manera inmediata ante la "corrupción de su gobierno"
De esta manera, el Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP-A en la que se demanda que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, disuelva de manera "inmediata" las Cortes Generales y convoque elecciones generales "por pérdida de legitimidad institucional, degradación del marco democrático y ruptura de la confianza ciudadana en el poder ejecutivo y en los representantes que lo sustentan".
De esta manera, la iniciativa ha sido rechazada en su totalidad por los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mientras que Vox ha apoyado gran parte de los puntos, como el de la convocatoria de elecciones, y en otros puntos se ha abstenido.
Pedro Sánchez, obligado a convocar elecciones
De la misma forma se ha pedido al Ejecutivo nacional que, de manera urgente, adopte las "medidas necesarias para garantizar la colaboración activa con todas las instancias judiciales, parlamentarias y administrativas que investigan posibles irregularidades vinculadas a su gestión" y le insta a que respete "la independencia del poder judicial y a que se abstenga de realizar declaraciones o maniobras políticas que interfieran en causas abiertas".
Asimismo, se ha demandado que el Ejecutivo central asegure "la neutralidad de los organismos estatales, como la Fiscalía General del Estado o la Agencia Tributaria, en el tratamiento de los casos en los que se investigan conductas del propio gobierno y su entorno, adoptando las medidas necesarias para que estos ejerzan su labor en defensa de la legalidad vigente y el estado de derecho, desde la debida independencia, reforzando así la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas como contrapeso al abuso de poder".
En otro orden de cosas se reclama que se garantice expresamente "la autonomía operativa de las unidades de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, rechazando cualquier intento legislativo o reglamentario que subordine sus actuaciones a directrices políticas en detrimento del mandato judicial". La Cámara ha rechazado "las prácticas" del Gobierno de España y, en especial, de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "viene realizando una gestión discrecional en el reparto arbitrario y el uso partidista de los recursos públicos.
Finalmente la Cámara ha rechazado "la degradación institucional del actual Gobierno de España y a los intentos de utilización del aparato del estado con fines partidistas o como herramienta de persecución política, en especial a las prácticas de espionaje, seguimiento o recopilación de información no autorizada" sobre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y miembros de su Ejecutivo, llevadas a cabo "por personas vinculadas al PSOE que han tenido cargos de responsabilidad pública".
