El Gobierno de España de Pedro Sánchez ha pactado con Junts que las grandes empresas tengan la obligación de atender en catalán, una lengua cooficial del Estado, cuyo coste deberá ser afrontado por los propios empresarios mientras, él en el Congreso de los Diputados, no se separa del pinganillo para escuchar las intervenciones de sus socios.
Desde diferentes organismos han criticado esta medida que implica que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores que hayan adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma. Esta medida supondrá un importante coste económico para las empresas y podría causar un perjuicio a los trabajadores.
Inicialmente, esta medida afectaría a aquellas empresas que cuenten con una plantilla de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.
Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. Desde el PP, principal partido de la oposición, su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha señalado en su perfil de X que "con tal de aguantar un día más en Moncloa se cede ante cualquier ocurrencia, aunque conlleve atacar a nuestras empresas", al considerar que frente a esta obligación, Pedro Sánchez, con más de 600 asesores se tiene que poner el pinganillo.
Las empresas de más de 250 trabajadores deben atender en catalán (pagándolo de su bolsillo), pero él con más de 600 asesores se tiene que poner el pinganillo.
— Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) September 17, 2025
Con tal de aguantar un día más en Moncloa se cede ante cualquier ocurrencia, aunque conlleve atacar a nuestras empresas. pic.twitter.com/hnYQziVj1Y
En la misma línea, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha considerado que se está "gobernando permanentemente con más y más cargas para las empresas, en línea contraria con lo que marca la propia Unión Europea, que es agilizar, simplificar". Junto a ello considera que "todo se hace a costa de las empresas en este país", y "últimamente la política es 'págalo tú', porque eso tiene un coste, y al final si obligas a las empresas a tener que utilizar lenguas que son distintas al castellano, pues bueno, es una medida estupenda de cara a la galería, pero en mi opinión difícil de cuantificar económicamente, pero que va a tener un coste real para las empresas", ha abundado.
La reducción de la jornada laboral, a costa de las empresas
El presidente de los empresarios andaluces ha incidido en criticar que iniciativas como esa, o la de la reducción de jornada laboral a un máximo de 37 horas y media semanales como plantea el Gobierno, "se hace a costa de las empresas", aunque "de cara a la galería quedas muy bien" promoviéndolas, porque habría que preguntarse, ha añadido, "quién no quiere trabajar menos ganando lo mismo", pero "la pregunta" que hay que hacerse es "quién lo paga", ha apostillado.
Tras subrayar que la reducción de jornada tendría "un coste superior a los 32.000 millones de euros que se ha evitado" al no salir por ahora adelante la iniciativa en las Cortes Generales, "lo cual no es moco de pavo", el presidente de la CEA ha concluido subrayando que todo ello "lo pagan las empresas y eso, al final, va en detrimento de los propios trabajadores y de la competitividad del país, porque las empresas son las que crean empleo", según ha resaltado para finalizar.
