La escena se repite con una precisión casi mecánica: cuando el Gobierno de Pedro Sánchez necesita oxígeno parlamentario, aparece Cataluña como ventanilla única… y el resto de España como sala de espera. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dejado una foto elocuente: Cataluña aprueba y todas las demás comunidades rechazan el nuevo planteamiento de financiación autonómica que Moncloa ha puesto sobre la mesa.
Lo relevante no es solo el rechazo casi unánime, sino la naturaleza del acuerdo que se intenta vestir de reforma estructural cuando, en realidad, se ha cocinado como un traje a medida: un pacto entre María Jesús Montero y Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, con Salvador Illa como figura decisiva en la cocina del nuevo sistema, según subraya Carlos Herrera.
Y ahí se instala el debate de fondo: si la financiación autonómica se convierte en un instrumento para comprar gobernabilidad a plazos, el resultado no se mide solo en euros, sino en algo mucho más delicado: la igualdad real entre ciudadanos, vivan donde vivan.
El Consejo se queda solo con el “sí” de Cataluña
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha acabado, según el análisis que Carlos Herrera desarrolla en su monólogo, como “el Rosario de la Aurora”: un choque frontal entre el Gobierno y la práctica totalidad de comunidades, con un dato que lo resume todo: solo Cataluña avala el plan.
El detalle que hace especialmente significativo el resultado es que el “no” no llega únicamente desde gobiernos autonómicos del PP. También rechazan el planteamiento las dos comunidades gobernadas por el PSOE presentes en el órgano, Asturias y Castilla-La Mancha, que no compran ni el fondo ni la forma del reparto.
Y la “forma” importa, porque el camino que se ha seguido para llegar aquí es parte de la crítica: Herrera recalca que la reforma se ha negociado “con uno” y al resto se le ha colocado “el trágala”. Es decir, negociación bilateral con un beneficiario claro, y después una puesta en escena colectiva para aparentar consenso.
Arbitrariedad del reparto y desigualdad per cápita
Herrera sostiene que el rechazo se apoya en dos columnas: la arbitrariedad del reparto del dinero y la manera en la que se ha negociado. Sobre la primera, introduce el argumento que más erosiona el relato oficial: la desigualdad no se expresa en tecnicismos, sino en cifras comprensibles.
Según expone, el nuevo diseño consolida una financiación por habitante que deja a comunidades y ciudadanos en escalones distintos. El ejemplo que pone es directo:
- Un catalán recibe 507 euros per cápita de financiación.
- Un andaluz recibe 367 euros per cápita, pese a ser de los territorios que “mejor” salen dentro del esquema.
Ese “mejor” entre comillas es clave: si Andalucía figura entre los menos perjudicados y aun así se queda por debajo, la arquitectura del sistema deja un mensaje implícito: hay categorías de ciudadanos según el lugar en el que viven.
Herrera encuadra este punto con una comparación política clara: igual que la amnistía ha servido para comprar gobernabilidad “triturando la legalidad”, ahora se busca comprarla “triturando la igualdad entre los españoles”. La idea no se expresa como metáfora literaria: se presenta como un mecanismo repetido.
Los fondos “inventados” y el reparto que “cuadra a martillazos”
En el análisis de Herrera aparece un elemento central: para justificar la distribución, el sistema introduce fondos específicos que, en su lectura, resultan difíciles de explicar con criterios homogéneos.
El monólogo se detiene en dos:
- Un fondo para compensar la emergencia climática, del que Cataluña se queda con más de una quinta parte, mientras Andalucía también recibe una porción importante, en un reparto que Herrera interpreta como funcional a la política interna (y, en particular, a la necesidad de amortiguar el desgaste de Montero en su propia tierra).
- Un fondo ligado al “libre” de las pymes, dotado con 2.000 millones, donde el reparto que se denuncia resulta aún más llamativo:
- Cataluña obtiene 1.440 millones, es decir, el 72% del total,
- y el resto de España se reparte los 560 millones restantes.
La lectura es evidente: se construye una aritmética para que el resultado final encaje con lo pactado previamente. Y, cuando se discute esa aritmética, Herrera sostiene que el Gobierno intenta reducirlo a un “mienten todos”, mientras el contenido técnico —y el sentido común— señalan en dirección contraria.
La solidaridad se reduce y el coste no desaparece: lo paga el conjunto de España
Hay un segundo plano que Herrera considera determinante: incluso si el Gobierno defiende que la financiación autonómica crece, esa cifra no cae del cielo. Si se incrementa en 21.000 millones, ese dinero tiene que salir de algún sitio: del margen del Estado para pensiones, servicio de la deuda, infraestructuras, defensa o gasto general.
En otras palabras: aunque se presente como mejora, el sistema desplaza recursos y, además, lo hace con criterios que —según la crítica— rebajan la solidaridad común. Herrera cita que, conforme a los cálculos que maneja, la aportación de Cataluña a esa solidaridad baja con fuerza: de 2.300 millones a 800 millones.
Y, en una paradoja política que amplifica el ruido, el nuevo sistema sitúa como una de las más perjudicadas a Aragón, precisamente cuando el territorio se encamina hacia elecciones autonómicas. La consecuencia, según Herrera, es que la campaña ya se escribe sola: se castiga a un territorio en plena cita con las urnas mientras se blinda al socio imprescindible.
La foto final: el pacto que solo firma Cataluña
El dato político que queda flotando tras el monólogo de Herrera es tan sencillo como incómodo: el plan se presenta como reforma de Estado, pero solo lo avala Cataluña. Y ese detalle, por sí solo, ya define el problema.
Porque cuando un sistema que afecta a todos se negocia con uno, y ese “uno” es el único que lo aprueba, el país no asiste a una reforma: asiste a una transacción. Y el precio, insiste Herrera, no es solo presupuestario. Es el desgaste acumulado de una idea básica que sostiene cualquier convivencia democrática: que, antes que contribuyentes de primera o de segunda, somos ciudadanos con los mismos derechos.
