Increíble pero cierto. Un macabro suceso que, por fin, tendrá resolución. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar este miércoles, día 27 de octubre, un juicio, contra un hombre acusado comprar dos coches y muebles con cargo a una vecina suya con un grado de discapacidad psíquica del 65 por ciento, de cuya "confianza" y "falta de conciencia" habría abusado para que firmase las operaciones.
El acusado es Ricardo A.G., quien "conociendo la situación de vulnerabilidad de su vecina" Ana María H.L., que padecía un 65 por ciento de discapacidad psíquica y con la que tenía una "estrecha relación de confianza", hecho que aprovechó para que firmase varios contratos de compraventa.
Ana María H.L. tuvo que comprar dos coches marca Opel "utilizados por el investigado y un hijo de este", ambos "a nombre de la víctima". Uno de ellos fue comprado a través de un préstamo de 28.208 euros a cuenta de la mujer.
Adquisición de muebles a costa de la mujer con discapacidad
El encartado habría comprado mobiliario para su domicilio por valor de 3.263 euros presuntamente con cargo a la cuenta de su vecina que firmaba los documentos sin tener conocimiento real de lo que hacía.
El 29 de noviembre de 2019, el acusado se personó en el domicilio de su vecina para comunicarle al hijo que la mujer "podría haber fallecido" tras sufrir "un desvanecimiento". "Una vez en la casa y tras comprobar el fallecimiento se apoderó de una tarjeta bancaria" de la fallecida, "abusando de la confianza" del hijo de la misma, y retiró 765 euros en efectivo de la cuenta en un cajero automático.
Las llaves del piso
Horas más tarde, según la Fiscalía, el encartado habría sido "sorprendido por un vecino del inmueble" donde habitaba la fallecida, "merodeando por las escaleras con unas llaves que poseía de la vivienda" de la finada, "sin estar en la vivienda ninguno de los moradores".
De esta manera, la Fiscalía achaca por ello a Ricardo A.G. dos presuntos delitos de falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de estafa y un delito adicional más de estafa. Se le solicitan 10 años de cárcel.
