La condonación de la deuda de las comunidades autónomas en España, tal como se ha planteado recientemente con una propuesta del Gobierno para asumir 83.252 millones de euros de deuda de las autonomías de régimen común, tiene varios beneficios potenciales para estas regiones. Abordar la cuestión de si se debería extender esta medida a los ayuntamientos como administraciones más cercanas a la ciudadanía y a la que la misma acude en busca de solución a sus problemas, hace falta tener un enfoque objetivo y crítico a la vez.
La condonación de una parte significativa de la deuda, propuesta por Pedro Sánchez y "obligado" por su acuerdo con ERC, así como el 19% de la deuda viva al cierre de 2022 según la propuesta del Ministerio de Hacienda, libera a las comunidades autónomas de la carga de pagar capital e intereses asociados. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, se estima un ahorro de 1.300 millones de euros solo en intereses, mientras que a nivel nacional se calcula un ahorro de entre 5.000 y 7.000 millones en intereses para todas las autonomías. Esto reduce la proporción de sus presupuestos destinados al servicio de deuda (en regiones como Comunidad Valenciana o Cataluña, más del 20% del presupuesto se destinaba a intereses antes de esta medida), permite un mayor margen para otras prioridades, al no tener que destinar recursos al pago de misma las comunidades pueden reorientar esos fondos hacia servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras, regiones muy endeudadas como Comunidad Valenciana (44,4% de su PIB en deuda) o Castilla-La Mancha (33,4%) podrían mejorar la calidad de estos servicios, que a menudo se han visto afectados por recortes o falta de financiación adecuada debido a la presión fiscal.
La reducción de la ratio de deuda sobre el PIB mejora la percepción de solvencia de las comunidades autónomas ante inversores y agencias de calificación. Esto es clave para regiones que, desde la crisis financiera de 2008, han dependido casi exclusivamente del Fondo de Liquided Autonómica (FLA) y han estado fuera de los mercados privados. Andalucía, con una condonación estimada de 18.791 millones, la más importante en cuanto a cantidad, o Cataluña, con 17.104 millones, podrían acercarse a una autonomía financiera más sostenible.
El argumento del Gobierno es que parte de esta deuda se originó por una respuesta inadecuada a la crisis financiera, cuando las comunidades asumieron competencias sin una financiación proporcional ( con este argumento podríamos incluir la infrafinanciación de los ayuntamientos ante competencias impropias y delegadas que tienen que afrontar) Comunidades como Valencia o Murcia, que han alegado infrafinanciación crónica, podrían ver esta medida como una forma de equilibrar el sistema, aunque no resuelve del todo la necesidad de una reforma estructural del modelo de financiación autonómica.
Sin embargo, algunos expertos, como los de Fedea, advierten que una condonación sin condiciones podría incentivar la "indisciplina fiscal", reforzando la idea de que el Estado siempre rescatará a las regiones que gasten más de lo que ingresan. Además, el hecho de que el Estado asuma esta deuda incrementa su propio endeudamiento, lo que podría tener implicaciones negativas a largo plazo si no se gestiona bien, y es verdad, la condonación no es más que un trasvase de la deuda de las comunidades al gobierno central que pagaremos entre todos los españoles, bueno, todos no, gracias al acuerdo entre Sánchez e independentistas catalanes, y al futuro concierto económico con Cataluña, los catalanes estarán exentos del pago de la misma.
La pregunta sobre si los ayuntamientos también deberían beneficiarse de una condonación de deuda es compleja y depende de varios factores a favor y en contra.
Aunque los ayuntamientos en España tienen, en general, una deuda mucho menor que las comunidades autónomas según datos históricos, algunos como el de Jerez enfrentan dificultades financieras significativas.
¿Pero si se condona deuda a las comunidades autónomas, porqué no a los ayuntamientos?
La FEMyP podría argumentar que también merecen un trato similar, especialmente aquellos que asumieron deudas por financiar servicios delegados sin recursos suficientes. La Federación Española de Municipios y Provincias por voz de su anterior predisente, Abel Caballero, en 2018 ya vaticinaba y exigió una medida equivalente para los municipios si se aplicaba a las autonomías, incluyendo compensaciones para los que no tienen deuda.
Los ayuntamientos son la administración más cercana a la población, y liberar sus recursos podría traducirse en mejoras inmediatas en la calidad de vida, esto podría ser especialmente relevante en municipios rurales o pequeños con presupuestos limitados y una válvula de oxígeno para un ayuntamiento como el de Jerez con un área geográfica muy extensa y a la que hay que prestar un servicio de calidad con lo que eso de gasto económico conlleva, amén del arrastre de deuda histórica.
Aunque a diferencia de las comunidades autónomas, los ayuntamientos han mostrado una tendencia descendente en su endeudamiento desde la crisis financiera, gracias a restricciones legales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Muchos, especialmente los grandes, han saneado sus cuentas o no tienen deuda significativa con el Estado, lo que reduce la urgencia de una condonación generalizada, solo habría que acudir al rescate de aquellos con verdaderos problemas para poder seguir su normal funcionamiento.
Si es verdad, y aquí mi amigo el economista, Federico Díaz , podría argumentar que al igual que con las autonomías, perdonar deuda sin condiciones podría desincentivar la responsabilidad fiscal en ayuntamientos, puesto que algunos ya han demostrado capacidad de gestión adecuada. Esto podría generar desigualdades entre municipios bien gestionados y aquellos que han acumulado deuda por mala administración.
Aunque la deuda municipal es menor, sumarla a los 83.252 millones ya propuestos para las autonomías podría tensionar aún más las finanzas públicas nacionales, especialmente en un contexto de reglas fiscales europeas que exigen reducir el déficit global. El Estado tendría que justificar esta medida ante los mercados y la UE, lo que podría complicar su posición.
La condonación a los ayuntamientos podría ser razonable en casos específicos, pero no parece tan justificada como en las autonomías debido a las diferencias en escala y origen de la deuda. Mientras las comunidades autónomas asumieron competencias esenciales (sanidad, educación) con un sistema de financiación que muchos consideran insuficiente, los ayuntamientos tienen un ámbito de actuación más limitado y han sido objeto de menos tensiones financieras estructurales. Una alternativa podría ser un enfoque selectivo: condonar deuda solo a municipios con problemas demostrables, o compensar a los que no tienen deuda con transferencias específicas, como sugirió la FEMyP en 2018, en éste contexto ánimo a la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, como ciudad con necesidad de condonación de su deuda, y como presidenta de la FEMyP a instar al Gobierno Central a aplicar esta medida a los ayuntamientos y a empezar el estudio y hoja de ruta para realizar la segunda descentralización administrativa que dote de más competencias y partida presupuestaria a la administración más cercana al ciudadano como son los ayuntamientos, aunque condonación y segunda descentralización deben de venir acompañadas de más medidas de control.