El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, señala que "debería ser Adelante Cádiz de Kichi quien asuma los doscientos mil euros que nos va a costar a los gaditanos la ilegalidad que hicieron en Eléctrica de Cádiz. Todo por adjudicar un contrato de 16 millones de euros a una empresa que presentaba precios; cuatro veces superiores a la segunda clasificada. Los cincuenta mil de la sentencia y los 150 mil euros de diferencia entre los honorarios de las dos empresas".
El Grupo Municipal Popular de Cádiz registraba una petición oficial al alcalde de Cádiz, Kichi, como presidente de la empresa de mayoría municipal, Eléctrica de Cádiz, de copia del expediente que motivó la sentencia condenatoria. La sentencia 70/2020 de 6 de abril de 2020 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz "que no ha sido recurrida y que por tanto ya ha costado a las arcas públicas 50 mil euros.
Su resolución establece que la adjudicación del Contrato bilateral de suministro de energía eléctrica por parte de Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A.U. para su comercialización al consumidor final por valor de 16 millones de euros no es acorde a la legalidad. Ya que la oferta más ventajosa era la que presentó Nexus Energía S.A, lo que es un claro perjuicio, no ya para esa empresa, sino para los gaditanos que van a pagar cuatro veces más de lo que debían pagar".
Transparencia, ocultación y anticapitalismo
Juancho Ortiz emplaza a Kichi "a no esconderse una vez más –como hace en estos casos-. Sobre todo porque hay muchos gaditanos que están deseando ver cómo explica que estemos pagando a una empresa del oligopolio; como le gusta decir tantas veces; cuatro veces más de lo debido por una adjudicación fraudulenta de la que es máximo responsable como presidente de Eléctrica de Cádiz". El concejal popular también pidió que "de camino explique como ha podido ocurrir que una sentencia fechada en abril de este año no haya sido colgada en su portal Paredes de Cristal. Más nos valía que dejaran ya la pantomima de la transparencia. Y dijeran claramente a los gaditanos que nos van a engañar todo lo que le sea posible".
Complicidad del PSOE
El Grupo Popular también lamentó la actuación del PSOE "y el sospechoso silencio de Mara Rodríguez con Kichi. Ella debió conocer a través de su compañera en el Consejo de Administración de Eléctrica una sentencia de abril pasado contra la empresa. Y que, forzosamente, debió ser informada en ese órgano por los servicios jurídicos. Porque se trata de una condena por adjudicar un contrato de 16 millones de manera no acorde con la legalidad.
También le toca a Mara Rodríguez explicar por qué hace un año; no han dicho aún muy bien a cambio de qué; votaron a favor de excluir al principal grupo de la oposición de ese consejo de administración. Esperamos que no fuera para facilitar al alcalde y a Adelante Cádiz la ocultación de expedientes de este calibre. Por ahora de lo único que ha servido es para que Kichi siga sin explicarlo. Porque, además, lleva año y medio sin poner en marcha el Bono Social Eléctrico. Una iniciativa que, según la campaña de mentiras y acoso que orquestó, era responsabilidad de José Blas Fernández".
Condena a Eléctrica de Cádiz
Hay que recordar que la Justicia ha condenado a la municipal Eléctrica de Cádiz por viciar un concurso de suministro eléctrico en 2017 a favor de Endesa y en detrimento de Nexus. Esta entidad ha recibido una indemnización de 48.938 euros por daños y perjuicios. Su oferta era casi cinco veces más barata. La sentencia indica que se conculcó la Ley de contratos del sector público. Y se omitió información a los concursantes y aplicando criterios que condujeron «a un resultado absurdo y claramente antieconómico».
El Ayuntamiento de Cádiz tiene el 55% de Eléctrica de Cádiz, una pequeña distribuidora. Además es comercializadora que abastece a las dependencias municipales, el alumbrado público, los semáforos y al 80% de los hogares de la población. El resto de los accionistas son Endesa, con el 33,5%, y Unicaja, con un 11,2%.
Corría diciembre de 2016 cuando Eléctrica de Cádiz organizó una licitación para abastecerse de electricidad verde, por un importe estimado en unos 16 millones de euros. Habían concursado ocho comercializadoras de electricidad y quedaron tres finalistas: Endesa, Axpo y Nexus. Y en el acto de apertura de los sobres y lectura de las ofertas, sucedió algo embarazoso e irregular. La Mesa no quería hacer públicos los datos, tal y como establece la legislación.
