Un culebrón que se alarga en el tiempo y que va sumando capítulos de manera casi diaria. Nos referimos al ya denominado 'caso Juana Rivas', un serial en el que la última en aparecer ha sido la exministra Irene Montero que ha lanzado un dardo envenenado al Estado poniendo entre la espada y la pared al Gobierno de España.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, ha afirmado que el Gobierno debe garantizar el interés superior del menor y evitar que el hijo de Juana Rivas vuelva a Italia con el padre, Francesco Arcuri, aplicando excepción del Convenio de la Haya. "El Estado es responsable de lo que le pase a Daniel".
Además, a exministra de Igualdad ha defendido que el niño tiene que ser escuchado por el Estado y por el sistema de justicia. "Solo lo ha hecho en una ocasión, y cuando se le ha escuchado, fue el juzgado de Guardia 4 de Granada que, tras escucharle, suspendió la entrega al padre".
Irene Montero señala al Gobierno de España en el 'caso Juana Rivas'
En otro orden de cosas ha destacado que "Daniel es un niño de 11 años que es el principal testigo en un juicio que tiene su padre en septiembre, acusado de malos tratos". "El padre de Daniel está acusado de malos tratos a Daniel y a su hermano en Italia, y el niño es el principal testigo. Entonces, si Daniel vuelve a Italia con su padre es evidente que está en peligro".
Y prosigue subrayando que "es muy difícil de entender que la justicia de nuestro país haga que este niño vaya a convivir con el padre contra el que tiene que declarar en unos meses y que llegue en septiembre al juzgado de la mano del hombre contra el que va a declarar", matizando que "todos los tratados internacionales consideran que lo primero es el interés superior del menor".
A su juicio, "el Estado es el responsable de la vida y del bienestar de Daniel y de garantizar sus derechos y, por tanto, no se debe producir esa entrega si supone un riesgo para su vida o para su salud, o para su salud física o para su salud psíquica", ha insistido, para después añadir que "el propio niño está diciendo con claridad que tiene miedo, que su padre le ha amenazado de muerte, que le pega, que le maltrata, y eso es suficiente para que se quede en España".
Finalmente, ha añadido que "si el Estado y el Gobierno y el sistema de justicia permiten que Daniel se vaya con su padre y le exponen a ese riesgo, el Estado va a ser responsable de lo que le pase hasta el punto de que ya ha sido condenado en una ocasión por Naciones Unidas y ha asumido en dos ocasiones su responsabilidad en el asesinato de tres niñas".
