Una medida que sigue centrando el debate político en la capital de la Alhambra. La activación con sanciones del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el término municipal de Granada capital, que en principio estaba prevista para el 1 de abril, se retrasará seis meses, un anuncio que ha hecho la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, después de que en las últimas semanas distintos ayuntamientos del entorno metropolitano gobernados por el PSOE hayan pedido replantear la iniciativa desde el "consenso".
En este sentido conviene aclarar que la medida la ha tomado el Ayuntamiento de Granada en virtud de la ampliación que ha activado del periodo de información pública para el régimen sancionador de la ZBE, que entrará así en vigor el 1 de octubre. Se ha articulado también un incremento de las excepciones contempladas, lo que permitirá circular a más vehículos en el área restringida. Todo ello con "el interés de reforzar más la información al ciudadano y un mayor período de adaptación a la misma y teniendo en cuenta que el Ministerio de Transportes permite la implantación de esta medida durante el 2025".
📢Ampliamos el periodo de información ciudadana para la implantanción del régimen sancionador Zona Bajas Emisiones que entrará en vigor el 1 de octubre
— Marifran Carazo (@marifrangr) March 12, 2025
🅿️Paso a todos los parkings públicos con uso mínimo de 1 hora
✅Permiso a trabajadores con renta 2 IPREM
🧓Mayores de 67 pic.twitter.com/t873mnLvTu
Respecto a las nuevas excepciones, recogidas como medidas transitorias, anunciadas este miércoles dentro del proyecto de la implantación de la ZBE en la ciudad se contempla la posibilidad para los vehículos de fuera de la ciudad sin el distintito medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) de acceder a todos los parkings de acceso público existentes en Granada siempre que permanezcan estacionados durante más de una hora.
Zona de Bajas Emisiones en Granada
En palabras de la alcaldesa es un paso más del gobierno municipal en su aspiración de favorecer en esta primera etapa la implantación de la ZBE de la forma "más ordenada posible y con la máxima sensibilidad atendiendo al mayor número de casuísticas posibles, en tanto" se trata de "un cambio de hábitos en la movilidad importante y de gran cálido para la ciudadanía".
En relación a este asunto, Carazo ha explicado que las nuevas excepciones se incorporan dentro del proceso de revisión de las alegaciones presentadas --"más de 250"-- a la ordenanza integral de la movilidad sostenible, en la que se incluye la ZBE y en fase de aprobación, la cual "ha permitido actualizar y dar coherencia a 13 ordenanzas municipales gracias a un esfuerzo técnico ímprobo y una gran gestión política".
"Otra de las grandes novedades que obedecen al interés municipal por no perjudicar y ser sensibles con determinados colectivos más vulnerables es que deja exento de cumplimiento de la ZBE a los conductores de vehículos sin etiqueta medioambiental" de "renta baja y con compromisos laborales" previa petición de autorización temporal en la que se demuestre una renta no superior a dos veces al IPREM.
Vehículos de emergencia, seguridad y servicios públicos esenciales en Granada
Asimismo, se contempla también la posibilidad de solicitar autorización a propietarios de garajes con coches sin etiqueta ambiental, pero solo para acceder a los mismos, a la vez que se suma a la excepción de acceso a los conductores con citaciones judiciales acreditadas. También podrán pedir autorización las personas con vehículos no autorizaciones mayores de 67 años.
Estas excepciones se incorporan a las ya anunciadas como la posibilidad de acceder con vehículos sin certificado medioambiental a las personas con movilidad reducida y cuidadores, acceso a centros sanitarios y farmacias, a los vehículos de servicio de suministro y abastecimiento de la ciudad y en el caso de asistencia a talleres mecánicos, casuísticas que requerirán de petición de autorización en el área de Movilidad.
Finalmente, hay que añadir que quedarán al margen del cumplimiento de la ZBE los vehículos de emergencia, seguridad y servicios públicos esenciales, transporte público colectivo, taxis, VTC, y personas de movilidad reducida o discapacidad reconocida.
