Brutal golpe contra alimentos no aptos para el consumo en España en general y en Málaga en particular donde la rápida acción de las autoridades ha impedido que estos productos llegasen a los mercados con el lógico riesgo para los potenciales consumidores.
Según la información que ha trascendido a este medio, la Guardia Civil ha intervenido más de 34.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo con destino a España y Portugal, tras una serie de inspecciones realizadas en las provincias de Alicante, Madrid y Málaga. Algunos productos presentaban una manipulación en las fechas de consumo preferente, otros en mal estado y algunos caducados.
La operación denominada Mahala, contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal o el adulterado de productos alimenticios y el fraude económico, se ha investigado al responsable de una sociedad y denunciado a otra persona por un delito contra la salud pública.
Este es el brutal golpe contra alimentos no aptos para el consumo en Málaga
Hace tres meses, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante (PACPRONA), en su labor de investigación, obtuvo información sobre la comisión de posibles irregularidades por parte de dos sociedades mercantiles.
En primer lugar, los agentes localizaron dos naves industriales en la localidad alicantina de Torrevieja, pertenecientes a las sociedades investigadas, donde supuestamente se comercializaba con productos alimentarios caducados.
Además, se averiguó la existencia de otros dos establecimientos en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga), pertenecientes a una de las sociedades. Una vez identificados todos los establecimientos y verificada la existencia de actividad, se llevó a cabo la explotación de la operación.
Intervención de productos
Fruto de las actuaciones se localizaron e intervinieron alimentos con las fechas de consumo preferente manipuladas, otros caducados y otros en mal estado de conservación, todos dispuestos para su venta y distribución.
Finalmente, el pasado 5 de julio, junto con todas las pruebas que acreditaban la responsabilidad del gerente de una de las sociedades, se procedió a su investigación por un delito relativo al mercado y a los consumidores por fraude alimentario. A la otra sociedad investigada se le efectuaron denuncias por infracciones administrativas, remitidas a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat.
A este respecto, las diligencias se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de los de Torrevieja. Todos los alimentos retirados se han destruido por parte de un gestor de residuos autorizado. Gracias a estas actuaciones se han retirado del mercado más de 34.000 kilos de alimentos que no reunían las condiciones para el consumo humano y que podrían haber generado un problema para la salud pública.
