Acusan a Kichi de contratar con dinero de los gaditanos a un condenado por corrupción
"Se están adjudicando servicios a una empresa cuyo presidente acaba de ser condenado por corrupción y por emitir facturas falsas"
Juancho Ortiz, concejal del Ayuntamiento de Cádiz por el Grupo Popular, ha emitido un COMUNICADO informando de posibles irregularidades en la contratación de servicios públicos por parte del Gobierno Local de Kichi.
“Desgraciadamente ya no nos sorprende el que podamos estar ante una nueva irregularidad del Gobierno de Kichi en la ciudad. Hoy nos enteramos que se están adjudicando servicios a una empresa cuyo fundador y presidente acaba de ser condenado por corrupción y por emitir facturas falsas según la Audiencia Provincial de Asturias".
"Estamos hablando de una empresa que participó –según lo publicado- en la mayor trama de corrupción de Asturias, el caso Marea, y ahora aparecen en Cádiz de la mano de Podemos".
"Podríamos estar hablando de un Caso Marea Gaditana, y urge que el alcalde deje de hacer, como suele en estos casos, la estrategia del avestruz y dé las explicaciones pertinentes de esta adjudicación y de la relación del Ayuntamiento de Cádiz con esta empresa".
"Tenemos a un alcalde y un partido que está empeñado en hacernos sospechar sobre su gestión. Estos contratos nos nos generan muchas dudas, sobre todo con la oscura trayectoria que tiene el Podemos en Cádiz en materia de contratación".
"Creemos que para evitar cualquier confusión, Podemos y el alcalde deberían explicar públicamente cómo ha sido la contratación con ASAC Comunicaciones S.L."
"No pasa una semana en Cádiz sin que el equipo de gobierno de Podemos cometa algún desliz en su gestión. No es nuevo que en la contratación de ciertos servicios en el Ayuntamiento de Cádiz se cierna la duda, de hecho el informe de la Cámara de Cuentas conocido en diciembre hace hincapié en las numerosas irregularidades que se detectan en la manera de contratar que tiene Podemos en Cádiz: cuando no usan el contrato menor –que es excepcional según la normativa- como procedimiento habitual, usan el fraccionamiento o, lo que es más lesivo aún con los principios democráticos, el decreto del alcalde para pagar facturas que no tienen respaldo legal de un contrato".
