La propiedad intelectual es un activo muy importante para las empresas, sean grandes corporaciones o incipientes emprendimientos. Es la base para proteger del robo intelectual o las falsificaciones a sus marcas, productos, patentes, diseños industriales, innovaciones tecnológicas o inventos.
Sin embargo, están expuestas a una amenaza grande: la piratería, una práctica ilícita que causa cuantiosas pérdidas a las compañías. Se trata de un problema severo que ataca a todas las industrias sin importar el ramo al que pertenezcan.
En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea divulgaron un informe en el que se revelaba que el comercio de productos falsificados y pirateados había experimentado un aumento constante en los últimos años. Representaba 3,3% del comercio mundial y seguiría aumentando.
De acuerdo con el estudio, titulado “Tendencias en el comercio de bienes falsificados y pirateados”, en la Unión Europea los productos falsificados representaban 6,8% de las importaciones de países no pertenecientes al bloque, frente a 5% en 2013. La OCDE aclaró en su portal que esas cifras “no incluyen los productos falsificados producidos y consumidos a nivel nacional, ni los productos pirateados que se distribuyen a través de Internet”.
También en 2019 la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE informó que comercios y fabricantes en España perdían 10,6% del volumen total de sus ventas debido a los productos falsificados, lo que se traducía en 6,776 millones de euros anuales y la pérdida de más de 50.000 empleos.
Pero eso no es todo. La Oficina situó las pérdidas económicas para los 11 sectores claves de la UE en 60.000 millones de dólares anuales, debido precisamente a la falsificación y la piratería. A esa cifra se suman 15.000 millones de euros al año que se pierden en ingresos fiscales y contribuciones a la Seguridad Social.
En septiembre del año pasado, en plena pandemia por el coronavirus, durante la reunión virtual del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina, Maryleana Mendez, secretaria general de ASIET (Telecomunicaciones de América Latina), reveló que la piratería generaba pérdidas de 733 millones anuales en Latinoamérica solo por la no suscripción de servicios de contenido.
En América Latina, además, el comercio de medicamentos falsificados, no registrados y que no cumplen con las normas de calidad o sus especificaciones continúa siendo una amenaza para la salud pública. Esto según una investigación publicada en la Revista Panamericana de la Salud a finales de 2020.
El estudio revisó los registros de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de 13 países de la región y encontró 596 incidentes entre 2017 y 2018 relacionados con prácticas, como las falsificaciones, que atentan contra la calidad de las medicinas. Los países con mayor número de incidencias fueron Perú (31%), Brasil (28%), Chile y Colombia (10% cada uno).
Sin embargo, no basta con describir el problema. Es necesario continuar tomando acciones que también involucren a los Estados. Gobiernos y empresas deben realizar todos sus esfuerzos para detener esta actividad ilegal y su impacto negativo en la economía.
Para ello es recomendable que realicen evaluaciones rigurosas de las estrategias que funcionan bien y de las que funcionan mal para poder generar mayores repercusiones. No hay que desmayar en el propósito de frenar la piratería, que no da tregua ni en estos tiempos de pandemia.
