Tremendo. Han pasado cinco años de que se cometieran los hechos y todavía no hay sentencia. En este caso se trata del atropello sufrido por un guardia civil que fue embestido por un coche mientras perseguía a un hombre en una motocicleta.
De esta manera, el Juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla ha aplazado, una vez más, el juicio previsto para este viernes, día 23 de septiembre, contra un varón acusado de presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial y de daños en varios vehículos; tras haber embestido supuestamente con un coche que conducía a un guardia civil que le perseguía en una motocicleta.
La primera fecha marcada para el juicio fue el mes de octubre de 2021, aunque fue suspendido por primera vez al renunciar el encartado al abogado de oficio con el que contaba. Por ello se fijó el 7 de marzo de este año como nueva fecha para la vista, un señalamiento también suspendido entonces y fijado después para abril, cuando fue aplazado para este viernes 23 de septiembre. No obstante, de nuevo ha sido suspendido y aplazado al 15 de marzo de 2023.
Cinco años de los hechos
En este contexto, hay que matizar que los hechos se remontan al 2 de marzo de 2017, cuando el acusado, identificado como M.H.P., circulaba con un vehículo de alquiler por la autovía A-49, en el sentido hacia Huelva, cometiendo una infracción de tráfico descubierta por la Guardia Civil.
Es por ello que intentó huir "poniendo en grave riesgo la seguridad vial de los usuarios, al realizar una conducción agresiva, a alta velocidad y con adelantamientos por izquierda y derecha, haciendo caso omiso de las ordenes de los agentes de tráfico" que le seguían.
Asimismo, el acusado habría llegado a una calle de sentido único seguido por un motorista de la Guardia Civil y, al comprobar que la calle estaba bloqueada por "un vehículo parado" que le impedía continuar la huida, habría dado supuestamente "marcha atrás" al vehículo embistiendo así al agente motorizado.
Disparo para intimidar
Como consecuencia de la acción, el agente "se vio obligado a hacer uso del arma de fuego, realizando un disparo intimidatorio" que alcanzó el parabrisas posterior del vehículo, tras lo cual el presunto autor de los hechos "optó por alejarse, dándose a la fuga", aunque el coche fue localizado posteriormente completamente calcinado.
Los hechos acabaron provocando lesiones en un hombro del agente que lo han mantenido alejado del servicio durante mucho tiempo y de las que aún padece secuelas, siendo intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones.
A cuenta de todo ello, la acusación particular que ejerce el agente afectado a través de la AUGC y el abogado de la entidad, José Luis Ganfornina, reclama para el encartado cuatro años de cárcel por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad y tres más por un delito de lesiones.
El Fiscal pide de su lado penas por cinco delitos que suman cinco años y medio de prisión y multa e indemnizaciones para el agente, toda vez que M.H.P. cuenta en su haber con "más de 30 detenciones por delitos de narcotráfico o extorsión".
