El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto una serie medidas que puedan servir como guía y referente para solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía, "lo que está constituyendo un problema social grave para miles de personas".
En una resolución enviada a la Delegación del Gobierno en Andalucía; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda de la Junta de Andalucía; a la Fiscalía; a Endesa como principal empresa suministradora y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que, "para la consecución real de este objetivo, no basta con una mera declaración de voluntad, sino que es necesario también adoptar un enfoque diferente del problema, que nos permita superar las carencias de las medidas y los planes actualmente en aplicación".
En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que el abordaje de esta compleja situación requiere de una intervención coordinada de las distintas administraciones competentes y de la empresa suministradora. Así, ha propuesto la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.
Un paso previo debe ser, en opinión de la institución, la elaboración de un mapa de riesgos de las zonas y las localidades de Andalucía donde los cortes de luz se hayan convertido en un problema social grave. Una vez realizado, el Defensor ha planteado un plan de actuaciones singularizado y adaptado a cada zona; junto a la creación de equipos de intervención con técnicos de las administraciones implicadas.
Modelo de intervención coordinado en Andalucía
Maeztu ha recomendado un modelo de intervención coordinada entre las administraciones y la empresa suministradora similar al que ya se viene trabajando en la zona norte de Granada; pero evitando repetir los errores y disfunciones que han impedido la solución definitiva al problema.
Para el Defensor, se trata de una realidad insostenible y con serias consecuencias para la vida de las personas que residen en estos barrios andaluces, que exige garantizar el suministro a la población a la vez que luchar contra delincuentes y defraudadores para acabar con las situaciones de inseguridad y desprotección de las personas que sí cumplen con sus deberes para poder disfrutar de este servicio esencial.
"Se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en los hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad. Además de que concurren otras consideraciones como la lucha contra el tráfico de drogas o la prevención del fraude en los suministros, que no deben obviarse, pero sí afrontarse de otra forma", ha dicho.
