Más de 17.000 parejas andaluzas se divorcian cada año y alrededor de la mitad tiene hijos menores en común. De ellas, hay un 5% donde las disoluciones matrimoniales son conflictivas y los cónyuges acaban "inmersos en una espiral de litigios" que afecta a los niños.
De hecho, hay estudios que indican que muchos hijos que viven separaciones conflictivas no solo pueden sufrir problemas psicológicos, sino que incluso acaban imitando conductas agresivas e incluso violentas dentro de hasta su propio círculo familiar.
🤝🏻 Trabajamos conjuntamente con la Universidad de #Málaga en un proyecto piloto que busca beneficiar a los menores en los procesos de divorcio.
— Consejería Justicia, Admón Local y Función Pública (@JusticiaJunta) November 1, 2022
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Ante esto, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA), ha puesto en marcha un programa piloto que busca resolver situaciones que la acción judicial no logra atajar y que provocan en muchas ocasiones que los hijos se vean envueltos en un proceso judicial tras otro, con las consecuencias que dicha situación genera en los menores. Se trata del coordinador de parentalidad, una figura en el que abogados y psicólogos trabajan en equipo con la familia, siempre previa orden del juez.
Programa para proteger a jóvenes en Andalucía
Andalucía ha puesto en marcha tras el verano un proyecto piloto para evaluar los resultados de esta figura, que en España ya funciona o está en periodo de ensayo en comunidades como Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Madrid y Galicia. Actualmente, hay tres equipos trabajando con cuatro familias, aunque se espera que próximamente se incorporen dos más.
La elección de Málaga para realizar el proyecto piloto obedece a que la Universidad cuenta con un Servicio de Atención Psicológica y también a la disposición de los jueces de Familia de la provincia, según indica el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Francisco Ontiveros, desde la que se coordina este proyecto junto a la UMA.
La profesora de Derecho Procesal de la UMA Yolanda de Lucchi es una de las coordinadoras del programa y según explica se ha diseñado un protocolo para establecer los criterios que deben cumplir las familias y el procedimiento para realizar la derivación, que "siempre debe ser por resolución judicial".
Procedimiento
Así, lo primero que hace el equipo que trabaja con cada familia es una radiografía del caso para saber cuestiones como "cuántas veces han estado en los juzgados, si hay problemas con el régimen de visitas o si éstas se realizan a través de un Punto de Encuentro Familiar".
Con esta información, diseñan un Plan de Actuación en el que involucran a los abogados de las partes ya que para De Lucchi "es absolutamente imprescindible contar con su colaboración", algo que de momento con las cuatro familias con las que están trabajando se está dando.
A partir de ahí tienen una primera reunión online con los miembros de la familia y luego presencial, "lo ideal es con todos juntos pero hay casos en los que no es posible y tienen que hacerse por separado, o incluso porque los hijos tienen algunas circunstancias específicas como trastornos de espectro autista", por lo que la forma de intervenir se diseña de manera personalizada.
