Sin rastro de coronavirus. Ya hay resultado de la autopsia practicada al cuerpo inerte de Francisco Javier Guerrero. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía falleció el pasado domingo en su vivienda de Sevilla capital tras sentirse mal de madrugada. Según el informe, su muerte se atribuye a una neumonía grave sin relación con el Covid-19. Su estado se agravó tras sumar dicha enfermedad al deterioro de algunos de sus órganos.
Guerrero, conocido por gastar el dinero de los parados andaluces en cocaína, copas y fiestas
Francisco Javier Guerrero fue condenado a 7 años y 11 meses de cárcel y 19 años y 6 meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Además, probaron su concurso medial con un delito continuado de malversación, por el procedimiento específico. A través de dicha modalidad, eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; así como ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Hay que recordar que Francisco Javier Guerrero (PSOE) pudo conceder en un solo día subvenciones públicas por valor de 1,3 millones de euros a su chófer, Juan Francisco Trujillo. Este llegó a declarar que parte de ese dinero era destinado a pagar «cocaína, fiestas y copas» con Guerrero. El dinero era para paliar la crisis económica y ayudar a los parados andaluces. Sin embargo acabó en drogas, prostitución y fiestas.
Neumonía grave, no coronavirus
El miembro socialista comenzó a sentirse mal la madrugada del pasado domingo en su vivienda de la capital andaluza. Así lo indicó su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco. Este aseguró que el ahora fallecido parecía estar "bien" e incluso "animado" para afrontar las diversas causas judiciales que tenía en su contra.
Francisco Javier Guerrero en los Juzgados de Sevilla
La prueba de la autopsia practicada a su cadáver ha revelado, según fuentes próximas a Guerrero, que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social ha fallecido víctima de una neumonía grave ajena a la enfermedad del coronavirus Covid-19, sumada al deterioro de algunos órganos.
Las cenizas de Guerrero reposarán en el cementerio sevillano de El Pedroso
El cuerpo sin vida de Guerrero descansa en estos momentos en el Tanatorio de San Jerónimo antes de ser incinerado. Posteriormente, sus cenizas serán trasladadas a El Pedroso, localidad sevillana donde nació. Además, hay que reseñar que de allí fue alcalde antes de ostentar el cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
«EL DINERO DE LOS PARADOS ANDALUCES ACABÓ EN DROGAS, PROSTITUCIÓN Y FIESTAS»
Tras su condena a manos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por prevaricación y malversación, Guerrero interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Apela entre otros aspectos contradicciones de la juez Mercedes Alaya, quien ordenó dos veces su ingreso en prisión.
Actualmente, Francisco Javier Guerrero afrontaba el juicio iniciado el pasado mes de septiembre por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzgaba así esta pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.
Francisco Javier Guerrero y los ERE
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán recibió una condena en 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación. Todo por conocida como ‘pieza política’ de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE); mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, tuvo una condena a nueve años de inhabilitación.
En el caso de Griñán el fallo apunto que «la presupuestación de gastos ficticios»; en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo. Una «evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo. Pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios».
Por otra parte, en el caso de Chaves señaló la Audiencia de Sevilla que «como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L; que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009».
Así como le atribuyó que como presidente del Consejo de Gobierno «participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento»; circunstancia que le lleva a concluir que «conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales».
Más condenas
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández recibió una condena a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día.
Mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) recibieron una pena de 7 años y un día de prisión. Además de inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel; y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez recibieron una condena de nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.
Al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se le impuso una pena de 7 años, 11 meses y un día de cárcel; y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta.
Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, recibió una pena de 7 años y un día de prisión; y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
