Mamen Sánchez gasta 250 mil euros a dos días de las elecciones para imputados por corrupción
El Gobierno Local del PSOE aprueba pagar por adelantado las defensas jurídicas de varios empleados municipales acusados por delitos cometidos en el propio Ayuntamiento de Jerez
A menos de 48 horas de que se inicien los comicios municipales, Mamen Sánchez ha aprobado en la tarde del viernes el gasto con dinero público de casi 250 mil euros para pagar por adelantado las defensas de varios empleados municipales imputados en un caso de corrupción, trabajadores municipales entre quienes se encuentran varias cargos de dirección de su confianza.
Milagros Pérez junto a Mamen Sánchez
Desde elMIRA.es ha tenido acceso al informe de Intervención de la aprobación de gastos y reconocimiento de obligación relativa a gastos de defensa jurídica por importe total de 241.555,55 euros de José Agüera González, Manuel Báez Guzmán, Lourdes Montenegro Pacheco, Milagros Pérez Pérez y Milagros Abascal Torres, todos imputados y por quienes la Fiscalía pide varios años de cárcel y de inhabilitación. El informe ha sido firmado por el Director de Servicio de Recursos Humanos, área perteneciente a la Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes que dirige la edil socialista Laura Álvarez.
Empleados municipales se han visto sorprendidos por las prisas en dejar pagado este servicio jurídico a personas que están acusadas de haber cometido corrupción en el propio Ayuntamiento, y a menos de dos días de que comiencen las elecciones municipales, siendo incluso solo tres de las cinco personas a quienes se aprueba el abono, trabajadores en la actualidad, cambiándose el criterio para pagar a personas que no son empleadas.
Dos de las personas que recibirán dinero público para pagar a sus letrados son dos altos cargos de la actual alcaldesa Mamen Sánchez. Milagros Pérez es actual directora del área de Presidencia de Mamen Sánchez, directora del Gabinete Jurídico del Ayuntamiento, secretaria de varias empresas municipales y del Consejo Social de la Ciudad, y Milagros Abascal es la actual Jefa del Departamento de Entidades Municipales y de Contratación.
La Fiscalía pide siete años de cárcel y doce de inhabilitación para Milagros Pérez por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas. Además, se da la circunstancia que dicha empleada ha sido noticia a nivel nacional tras conocerse a través de la sección sindical de CGT que su coste anual para las arcas del Consistorio en el presupuesto de 2018 es de 125 mil euros, bastante por encima de la gran mayoría de trabajadores municipales.
Así mismo, la fiscalía anticorrupción solicita dos años de cárcel y 12 de inhabilitación para su compañera Milagros Abascal (funcionaria interina), nombrada por la alcaldesa en Junta de Gobierno Local con la asignación de las funciones de Jefe de Contratación. Esto quiere decir que quien lleva realizando varios años las contrataciones, en el Consistorio que dirige Mamen Sánchez, está acusada de prevaricación y fraude a las administraciones.
Además de los dos cargos de máxima confianza de Mamen Sánchez imputadas, José de la Mata ha sentado en el banquillo al que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, a la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y al antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez, siendo acusados por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, y fraude a las administraciones públicas, delitos por los que la Fiscalía pide siete años de cárcel.
Desglose de Gasto con dinero público de los jerezanos a imputados en la Gürtel:
- José Agüera González: 70.236,43 euros
- Manuel Báez Guzmán: 59.716,43 euros
- Lourdes Montenegro Pacheco: 58.216,43 euros
- Milagros Pérez Pérez: 26.908,585 euros
- Milagros Abascal Torres: 26.908,585 euros
La polémica de este gasto radica en que se abone con anterioridad las facturas de los abogados privados contratados particularmente para la defensa jurídica de estos trabajadores municipales por acusaciones en el cargo de sus funciones sin haber sido declarados inocentes. En este caso, se abonarán con anterioridad a ser declarados culpables o inocentes. De ser condenados tendrían que devolver el dinero recibido, algo que se convierte en tarea bastante difícil por lo elevada de las cantidades y de tratarse de personas que pueden acabar en prisión y además ser inhabilitadas, por lo que no podrían trabajar ni seguir cobrando sus sueldos.
¿Es lícito este gasto con anterioridad a las sentencias condenatorias?
Como determina el propio Informe de Intervención Municipal emitido con fecha 22 de mayo de 2019 sobre “Defensa Jurídica Funcionarios y Personal al Servicio de la Administración”, en su apartado C- punto Sexto, no existe normativa legal ni reglamentaria que regule esta materia, tan solo el escueto artículo 36 del Acuerdo Convenio sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez que establece que “El Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica al personal municipal que lo precise por razón de conflictos derivados de la prestación del servicio”.
Para fundamentar la decisión de aprobar este gasto el 22 de mayo de 2019, dos días antes de las elecciones y a cargo de las arcas municipales, se acude a informes y jurisprudencia que difícilmente pueden servir de fundamento jurídico a dicha aprobación, se basan en un Informe del Secretario General del Pleno en el cual, sin referencia legal ni jurisprudencial alguna, se llega a la conclusión de que procede reconocer el derecho a la asistencia jurídica externa de las solicitantes y con carácter anticipado, afirmando que dicho derecho no está condicionado a la existencia de una sentencia judicial penal firme absolutoria, y afirmando también que dicho derecho surgirá siempre que exista conflicto de intereses con el ayuntamiento, pues de no existir tal conflicto la defensa puede ser llevada a cabo por los servicios jurídicos propios del Ayuntamiento.
Además, también hacen referencia a un Informe del Servicio de Asistencia Jurídica de 24 de mayo de 2017, en el cual también sin alusión a normativa legal y con base a una jurisprudencia que se dice iniciada por el TSJA (sin mencionar sentencia alguna), llegando a la conclusión de que la administración puede hacerse cargo de estos gastos de defensa sin ser exigible para ello la terminación del procedimiento judicial. Y añade que es necesario que exista conflicto de intereses, pues si no el derecho de defensa jurídica queda garantizado con la asistencia de los propios recursos humanos de la administración.
Y por último, el Gobierno Local de Mamen Sánchez, se fundamenta para repartir este dinero público en una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002, aunque no tienen en cuenta ciertos argumentos y que inciden en dos aspectos fundamentales:
- Es necesaria la concurrencia de conflicto de intereses que impida a los servicios jurídicos del Ayuntamiento garantizar su defensa jurídica. En este caso no existe conflicto de intereses, no siendo el Ayuntamiento parte del procedimiento judicial, por lo que era perfectamente posible, disponiendo de un servicio jurídico interno y de un servicio jurídico externo contratado, que los empleados imputados hubieran requerido dicho servicio sin que exista ninguna solicitud por su parte. Este requisito es recogido por ambos informes, pero no se tiene en cuenta y no se argumenta en ningún documento la existencia, de un posible conflicto de intereses.
- Es necesario que haya recaído sentencia absolutoria firme. Tal como señala la sentencia del TS de no haberse probado la falta de participación en hechos penalmente reprochables, cabe estimar que los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, y ello como aclara la propia sentencia, manifiesta que la responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal.
Por lo tanto, según señalan fuentes jurídicas, ni existe el exigido conflicto de intereses ni menos aún cabe un pago anticipado, sin que exista una sentencia absolutoria firme, y sin embargo se abonarán casi 250 mil euros de dinero público para pagar la defensa de varias personas acusadas de haber prevaricado y malversado en el ejercicio de sus funciones como trabajadores municipales, sin esperar a que sean declarados inocentes, como es norma habitual.
