Un "informe" podría situar al Jefe de la Policía Local en el epicentro de la presunta filtración

El agente instructor del expediente habría informado de la correcta custodia del atestado conforme a la ley, entregándolo a sus superiores por conducto oficial

La filtración del atestado con el incidente protagonizado por el popular Antonio Saldaña el pasado jueves está ocasionando verdaderos quebraderos de cabeza, tanto en el seno de la Policía Local como en parte del Gobierno que preside Mamen Sánchez.

De hecho, según ha podido saber este medio según fuentes municipales, existiría ya un "informe interno" que apunta a que la filtración del documento podría haber llegado a los políticos de manos del propio Jefe de la Policía Local, y que además aclara que “el agente instructor del expediente ha informado de la correcta custodia del atestado de la declaración de Saldaña conforme a Ley, entregándoselo posteriormente a sus superiores por el conducto oficial, pasando solo por tres funcionarios que se encontraban en el interior de la Jefatura”. Es decir,en dicho análisis de pasos seguidos indican que la pista del atestado se pierde en manos de dicho mando policial, y las dos personas que han explicado el procedimiento de custodia que han llevado a cabo desmienten cualquier filtración, quedando el epicentro del incidente más claro.

Fuentes policiales consultadas confirman que “todos los agentes que tuvieron en sus manos afirman que el atestado lo transmitieron por conducto oficial a sus superiores, pudiéndose romper supuestamente la cadena en el momento en que el atestado habría llegado a las manos del Jefe de la Policía”.

Este medio ha podido saber que “es precisamente en ese momento en el cual se desconoce si fue el propio Jefe de la Policía quien envió el atestado a la prensa que lo difundió a la mañana siguiente del incidente o si, por el contrario, recibió órdenes de sus inmediatos superiores, el concejal Rubén Pérez o la propia Mamen Sánchez, para que se lo enviara a ellos y poder así revelarlo a dos medios de comunicación locales”, quienes lo publican a la mañana siguiente, sin que aún hubiera ni siquiera sido remitido al juzgado.

La filtración del atestado y el posterior supuesto informe interno sobre las fases detalladas de custodia del atestado ha generado gran estupor entre la plantilla de la Policía Local de Jerez porque ha puesto en peligro tanto su quehacer como su reputación. Y es que los agentes tienen la obligación legal de todo funcionario público de custodiar los documentos y que éstos no sean utilizados en fines fraudulentos.

Hay que reseñar que fuentes policiales indican que el atestado no puede ser remitido a ningún político, por muy superior que sea, hasta que se haya finalizado, cerrado y sellado por completo. En este sentido, hay que recordar que fue filtrado cuando aún quedaba por declarar uno de los propietarios de los vehículos afectados, por lo que aún no debería haber salido dicha información detallada de las paredes de la jefatura. Las mismas fuentes señalan además que normalmente no se indican nombres completos, sino iniciales.

Aseguran que los agentes de la Policía “no piensan asumir la responsabilidad de la supuesta mala actuación de responsables políticos que habrían vulnerado la ley y la intimidad de una persona que, aun siendo pública, tiene derecho a su intimidad en la esfera personal”. Esperan que la persona que ha remitido el atestado al político se pronuncie para que no se manche la intachable gestión en este sentido de este cuerpo policial en Jerez, que nunca ha atendido a presiones políticas.

Como ya ha informado elMIRA.es, la filtración de un atestado policial puede ser considerada como delito de revelación de secretos conforme a lo establecido en el artículo 417 del Código Penal, que señala que la comisión de este delito puede conllevar penas de entre 2 a 4 años de cárcel e inhabilitación de cargo público de entre 1 y 3 años.

Parece que las ganas de querer linchar al líder de la oposición en Jerez tras su incidente del pasado jueves le puede salir muy caro al Gobierno de Mamen Sánchez.

Pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación hasta cinco años

El artículo 417 del Código Penal español hace referencia a las penas para la autoridad o funcionario público que revele secretos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgados.

La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

Si por otro lado se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.