Se opera por obesidad y queda ciega
La afectada no recibió el protocolario control postoperatorio nutricional
Rocambolesca historia. Ahora se han revelado todos los datos. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Zurich, al pago de 611.973 euros de indemnización a una joven de El Ejido (Almería). ¿Cuál ha sido la causa? La joven se sometió a una operación para reducir -para intentar reducir- su obesidad y, finalmente, terminó afectada por ceguera.
Por ceguera, entre otras patologías. La sentencia es de octubre. Cabe recurso contra la misma, que eleva y especifica una cuantía de 65.000 euros respecto a la dictada en primera instancia. El tribunal recuerda categóricamente que la joven, cuya defensa ha sido ejercida por un letrado a través del Defensor del Paciente, en ningún caso recibió el control postoperatorio nutricional protocolario.
El hecho -grave hecho- de no haber recibido el control postoperatorio nutricional protocolario la llevó a padecer un evidente síndrome de carencia por el que se le reconstruyó el intestino por malabsorción. La afectada contaba con 30 años en el momentos de los desagradables hechos.
Fue intervenida en septiembre de 2007 de cirugía bariátrica en el Hospital de Torrecárdenas, de Almería. ¿Qué le sucedió a posteriori? Sufriría un síndrome carencial que, ya durante los años sucesivos, le provocaría una discapacidad del 76% debido a las distintas secuelas que, sin duda de ninguna clase, “le han supuesto la quiebra total de su joven vida”. Porque, a más inri, y además de la ceguera, hay que añadir la pérdida de movilidad en sus miembros inferiores.
Despropósito tras despropósito. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de la perjudicada, quien concretamente pidió 1,7 millones de indemnización. Y dice que la reclamación no estaba prescrita, como así a las claras defiende la aseguradora, dado que "aparte de cirugías y otros tratamientos médicos durante ese período las lesiones fueron evolucionando" hasta el reconocimiento de discapacidad definitivo del 76% reconocido por la Junta en diciembre de 2015.
Para echarse las manos a la cabeza. Fue entonces, dice el tribunal, cuando la paciente "pudo tener un cabal conocimiento" del alcance final del daño. ¿Evidente negligencia? "La mala praxis era tan evidente que Zúrich no la discutió, pero sí la vigencia de la acción, los daños y su valoración, y así decía la sentencia de primera instancia", han trasladado desde el Defensor en una nota.
