El Gobierno no avala que Policía y Guardia Civil sigan en Cataluña y País Vasco

Posturas políticamente encontradas en torno a la presencia de estos efectivos

El Gobierno de España no asegura ni promete la presencia de los actuales efectivos de Policía y Guardia Civil en Cataluña, País Vasco y Navarra. El titular conmociona. Y es que los socialistas han enmendado una moción presentada por el Partido Popular en el Senado, en la que instan a la Cámara a “reconocer y valorar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y al Gobierno “a no reducir la presencia de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil en ninguna parte del territorio nacional, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña”.

Pero la contrapartida ha llegado. Y, en su enmienda, los socialistas proponen sustituir el punto anterior por otro con el siguiente redactado: el Senado “reconoce, valora y apoya la profesionalidad y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el conjunto de España”, pero, eso sí, se desmarca absolutamente del compromiso de que policías y guardias civiles continúen invariablemente prestando sus servicios en esas regiones.

La moción da más de sí. Porque asimismo propone un complemento salarial -con todas sus letras- de “territorialidad” para todos los policías y guardias civiles destinados en Cataluña y así, de este modo, compensar y neutralizar, la así denominada situación de “acoso”, de “presión”, a la que regularmente “se ven sometidos por el independentismo”. La moción salió adelante gracias al os votos a favor del PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Votaron en contra PSOE, Podemos, PDeCAT, ERC, Coalición Canaria, Eh Bildu y PNV.

No hay que olvidar que la retirada progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una de las principales e invariables reivindicaciones históricas del nacionalismo vasco. Para el PNV, el recorte de los efectivos a términos absolutamente “residuales” se entiende y se concibe como una obligación de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Guernica y de los acuerdos de 1989, que especifica que la presencia de las FSE debe ajustarse a las competencias que les corresponden, en tanto se defiende a la Ertzaintza como “policía integral” en el País Vasco.