El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) llevan meses reivindicando que se endurezcan las penas para aquellos ciudadanos que agredan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Después de meses luchando por esto, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha cedido, y ha comunicado que le propondrá estas exigencias al Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop.
La directora de Gabinete del ministro, Susana Crisótmo, ha escrito una carta a estos sindicatos para informarles de que su petición será llevada a la ministra de justicia. En este sentido, ha asegurado que es "oportuno" trasladar la propuesta para que se tenga en cuenta para una "eventual reforma del Código Penal".
Para Crisótomo es una idea "de gran incidencia" en el desarrollo del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Se facilita el desarrollo de sus misiones generales, basadas en cumplir y hacer cumplir la ley, en proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades y en garantizar la seguridad ciudadana", ha expuesto.
En la actualidad, el atentado contra agentes de la autoridad viene recogido en el artículo 550.2 del Código Penal y está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra policías o guardias civiles. En los demás casos, si se agrede a otro funcionario público, la pena contemplada es de seis meses a tres años.
Los policías estarán más respaldados por la ley
Aunque todavía se desconoce cuánto aumentará el castigo y cuándo se llevará a cabo. En todo caso, la medida tardaría en tramitarse unos meses, ya que supondría la modificación del Código Penal. Para ello, el Gobierno debería contar con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Con todo, tanto desde SUP como desde AUGC celebran la disposición de Marlaska, con quien han tenido varios roces en los tres años que lleva en el cargo. Entre otros, porque todavía no se ha conseguido la equiparación salarial entre ambos cuerpos, además de por la sanción a un policía por quejarse de la comida en un traslado y por la forma de afrontar la batalla contra las fiestas ilegales.
"Poco a poco vamos perdiendo el principio de autoridad y hay que endurecer un poco las penas para que ese respeto no se pierda del todo", expone en declaraciones a este diario el portavoz nacional del SUP, Carlos Morales.
Según opina, en ocasiones sale "muy barato" agredir a policías, pues "depende del juez" el castigo puede ser "una simple multa o ir al juzgado cada 15 días".
Por su parte, el portavoz de AUGC, Pedro Carmona, incide en la "necesidad" de que se acometa esta reforma legislativa para "ofrecer una respuesta más adecuada a este tipo de ilícitos penales".
"Así seguimos el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, para que los guardias civiles tengan mayor protección y garantías jurídicas en el ejercicio de sus funciones", concluye.
Los policías serán indemnizados
Además del refuerzo de las penas anteriores, el Sindicato Unificado de Policías presume también de otro de sus logros recientes. Y es que, el pasado 30 de junio, el Tribunal Supremo estableció a instancias de los servicios jurídicos de la asociación que los agentes que sean agredidos deberán recibir indemnización si son agredidos, y que la misma no está incluida en el complemento específico de riesgo, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado.
La sentencia del Alto Tribunal se refería a un caso en el que el condenado se declaró insolvente para no pagar a un policía al que agredió. Así, se ratificó la condena del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que había obligado al Estado a pagar 14.760 euros más intereses a un agente en Oviedo por las heridas sufridas en la Nochebuena de 2013 por su agresor, que nunca abonó esta cantidad.
